Piden entre 2 y 22 años socios y clientes del bufete Pretus por delito fiscal

Madrid, 11 feb.- La Fiscalía pide entre 2 y 22 años de cárcel para cuatro socios y dos clientes del bufete Pretus de Barcelona que serán juzgados en la Audiencia Nacional por defraudar y blanquear dinero con sociedades pantalla en paraísos fiscales, método por el que el despacho manejó 33,8 millones en cinco años.

En concreto, el fiscal pide penas carcelarias para los socios del bufete Gabriel Pretus Becerra (5 años) y sus hijos Gabriel (6 años), Francisco (2 años) y Diego Agustín (2 años) Pretus Labayen, así como para los clientes Eugenio Mora (2 años) y Carmen Uriach (22 años y medio), accionistas mayoritarios de la empresa Burberrys Spain.

Además de las penas carcelarias, el fiscal pide a cuatro de los acusados (los tres hermanos y Carmen Uriach) que indemnicen a la Hacienda Pública con 13,6 millones de euros supuestamente defraudados.

Según el escrito de acusación, este bufete, constituido en 1941, tuvo entre 2000 y 2005 (periodo en que se centran los hechos) como principales clientes a Burberry Spain, así como Damm, Disa y Corporación Petrolífera, controladas estas tres últimas por Demetrio Carceller, investigado también en la Audiencia Nacional por delitos fiscales y blanqueo.

El bufete, relata el fiscal, "posee sociedades radicadas en paraísos fiscales, territorios de baja tributación o países sin convenio para evitar la doble imposición en España (Funchal, San José de Costa Risa o Panamá)".

Estas sociedades "facilitaban las maniobras de elusión fiscal de los titulares de rentas y patrimonios, así como la reinversión de las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública".

El despacho también facilitaba a sus clientes "la constitución de estas sociedades", para o que se valía de los servicios que les prestaban diversas organizaciones o despachos situados fuera de España" y que creaban empresas en paraísos fiscales como Jersey, Isla de Man, Isla de Nevis, Ginebra, Isla de Niue, Islas del Canal, Costa Rica o Islas Vírgenes Británicas.

"Para conseguir el propósito de defraudación a la Hacienda Pública colocaban el patrimonio de los clientes en sociedades, residentes o no, participadas por otras, éstas a su vez por otras, constituidas en jurisdicciones diversas, y así sucesivamente, de manera que al final de la cadena se colocaban sociedades que el cliente controlaba de forma opaca", añade.

Todas las sociedades tenían una cuenta abierta en una sucursal del Banco Popular de Barcelona, en la que se recogía toda su correspondencia y cuyos autorizados eran los socios del despacho. Por medio de estas cuentas bancarias se canalizaron un total de 33,8 millones de euros entre 1998 y 2003.