Asunción, 15 ene.- La familia de Rodolfo González, un activista estudiantil supuestamente asesinado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), tras una discusión con un nieto del mandatario, solicitó hoy a la Fiscalía la apertura de una investigación por tortura y homicidio por causas políticas.
El abogado de la familia, Juan Rivarola, explicó a Efe que existe un conjunto de testimonios que concluyen que González fue víctima de un asesinato político y que el aparato judicial de la dictadura hizo todo lo posible para entorpecer la investigación.
El cuerpo de González, de entonces 26 años, fue descubierto el 10 de abril de 1986 en el interior de un automóvil en la avenida Mariscal López, en el centro de Asunción, muy cerca de la sede donde estaban destinados los escoltas personales de Stroessner.
Un día antes, la víctima había mantenido una encendida discusión verbal con Alfredo "Goli" Stroessner, nieto del dictador, en la facultad de Derecho de la Universidad, donde ambos estudiaban.
"González repartía unos pasquines contra la dictadura cuando Goli se le encaró y se pusieron a discutir delante de muchos testigos", explicó Rivarola.
Al día siguiente, cuando el cadáver fue descubierto en el vehículo, la autopsia ordenada por autoridades judiciales de la época determinó que la muerte fue a causa de un accidente de tráfico.
"El coche no tenía apenas daños. Además, un soldado que estaba en la zona declaró que había visto a varias personas empujando el coche contra un árbol. Ese soldado nunca más fue visto", indicó el abogado.
El caso fue reabierto al poco tiempo por la presión de la familia, que consiguió que se realizara una exhumación del cadáver y una segunda autopsia, en la que se halló una bala en la cabeza de González y señales de que había sido torturado.
Con ello comenzó una investigación que nunca fue concluida y en la cual participó como juez instructor César Garay, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, según Rivarola.
La familia de González también pidió al Ministerio Fiscal que averigüe lo sucedido con esa investigación inicial.
Según el letrado, en 1987 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe que dictaminaba que el Estado paraguayo no colaboró para resolver el crimen.
En 2003, un documento de la ONU reconoció a González como víctima de la dictadura, al igual que el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CJV), elaborado en Paraguay en 2008.
La CJV registró 425 ejecutados o desaparecidos durante la dictadura de Stroessner y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de golpizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura.
Rivarola, que también actúa como asesor jurídico de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de Paraguay, que es la entidad sucesora de la CJV, señaló que casos como el de González son una muestra de la impunidad que existe en Paraguay respecto a los crímenes de la dictadura.
"Serán una decena los represores juzgados y condenados, en su mayoría policías. Pero desde 2008, cuando se publicó el informe de la Comisión, no ha habido un solo imputado por crímenes políticos durante la dictadura", dijo el abogado.
El Poder Judicial paraguayo tiene a su disposición los denominados "Archivos del Terror", tres toneladas de documentos hallados en 1992 en una dependencia policial de Asunción por Martín Almada, un activista de los derechos humanos.
De acuerdo con Rivarola, en la documentación figuran los nombres de 448 victimarios, ninguno de los cuales ha sido procesado.
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