Piden justicia por muerte de activista venezolano y Estado duda de CorteIDH

Douglas Marín

San José, 2 mar.- La esposa del activista venezolano Joe Castillo, asesinado en 2003, pidió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) justicia en este caso, mientras el Estado de Venezuela puso en duda la imparcialidad del tribunal.

"Esta es una oportunidad única para que el mundo conozca de este caso. Espero que la Corte se pronuncie a nuestro favor para obtener justicia y conocer realmente lo que pasó. Confío también en la justicia divina que tarde o temprano se va a llevar a cabo", expresó ante los jueces la esposa de Castillo, Yelitze Moreno.

La CorteIDH celebró hoy en su sede en Costa Rica la audiencia por el asesinato a balazos del defensor de derechos humanos Joe Castillo, perpetrado en 2003, y la presunta falta de investigación del caso, que fue archivado por las autoridades venezolanas en 2006.

Castillo fue asesinado mientras viajaba en su automóvil en el estado de Zulia, acompañado por su esposa e hijo de año y medio de edad, quienes resultaron heridos de gravedad pero sobrevivieron.

Moreno declaró que su esposo se dedicaba a la protección y promoción de los derechos humanos de refugiados y desplazados del conflicto armado en Colombia que cruzaban hacia Venezuela, así como al activismo en favor de campesinos e indígenas para el resguardo de sus tierras.

La mujer narró los hechos ocurridos en 2003 cuando su esposo fue asesinado, así como las posteriores consecuencias que ella sufrió tanto de salud como emocionales, ya que tuvo que someterse a un tratamiento psiquiátrico durante cuatro años.

Según Moreno, el Estado nunca le proporcionó ayuda psicológica a ella ni a su hijo.

"Fueron los peores días de mi vida, fue horrible. Se me detuvo la vida, no sabía qué hacer. Nuestra vida cambió totalmente y tuvimos que cambiar de residencia. Vivíamos con pánico y terror", expresó Moreno entre lágrimas al narrar los días posteriores al asesinato de su esposo.

Por su lado, el agente del Estado venezolano, Germán Saltrón, cuestionó la imparcialidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la CorteIDH.

"Se ve que existe un criterio desigual. Ahora que el presidente (Hugo) Chávez ha respetado los derechos humanos en Venezuela es que se llevan casos sin ningún fundamento ante la Comisión y la Corte, y eso demuestra la parcialidad que existe contra el Estado Venezolano", declaró Saltrón a Efe.

Según Saltrón, antes de la llegada al poder de Chávez, Venezuela fue acusado solo una vez ante la CorteIDH, mientras que durante su mandato ya suman 12 casos, lo que a su juicio demuestra "parcialidad" del sistema interamericano.

La demanda señala que el asesinato de Castillo se mantienen en la impunidad y que el Estado no ha cumplido con investigar debidamente el caso, ya que fue archivado en 2006.

El Estado presentó como testigo al fiscal Elvis Rodríguez, quien conoció el caso desde 2005 y que afirmó que la investigación se archivó porque con las pruebas obtenidas fue imposible atribuirle el crimen a alguien.

Sin embargo, aseguró que el proceso judicial dentro de Venezuela no está agotado, pues la esposa de Castillo aún puede interponer un recurso contra el archivo del caso, que sería reabierto únicamente si existieran pruebas "relevantes".

Viviana Kristicevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que actúa en el proceso como representante de las víctimas, dijo a Efe que este caso es "fundamental" porque refleja la situación de riesgo que viven los defensores de derechos humanos en Latinoamérica.

"Este caso evidencia las falencias de las medidas de protección y política pública del Estado venezolano frente a una situación de riesgo que le era conocida de personas que estaban vinculadas a luchas sociales y a la defensa de derechos humanos en la zona fronteriza y que eran objeto de hostigamiento por distintos grupos", dijo Kristicevic.

Los jueces de la CorteIDH analizarán el caso durante los próximos meses para dictar sentencia.