Así afecta el 'pirateo' eléctrico a la factura de los consumidores y a su seguridad

Manipular el contador eléctrico o enganchar la luz al vecino para reducir nuestras facturas es una práctica que forma parte de cierta cultura de la picaresca y que aunque no seamos conscientes,  nos afecta a todos de una manera muy directa, ya que perjudica no solo a las empresas sino a la sociedad en su conjunto.

Junto a esto, en los últimos años se ha producido una profesionalización de este fraude, cada vez más organizado y que mayoritariamente es cometido por empresas y grandes consumidores, pero que repercute en el bolsillo de todos los usuarios y daña especialmente a los más desfavorecidos.El fraude energético lo pagamos todos

La actual legislación contempla las pérdidas de electricidad y gas natural derivadas del fraude energético como un coste más dentro del cálculo de las tarifas, una situación que hace que lo que defraudan unos pocos, fundamentalmente manipulando contadores, lo pague el resto.

La consecuencia de todo es que sólo en 2015, el 'pirateo' eléctrico hizo que la factura conjunta de los usuarios se incrementase en 150 millones de euros, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC).

El fraude también implica una reducción de los ingresos de las administraciones, que sirven para financiar servicios públicos prioritarios para los ciudadanos.

La caída de ingresos en el sistema hace que haya menos recursos para financiar partidas como el bono social, una iniciativa puesta en marcha en 2009 para favorecer a los consumidores más vulnerables y que supone un descuento del 25% sobre el precio regulado de la electricidad.

En el caso del gas natural, por cada 100 euros de fraude, se deja de pagar 39 euros de peajes, lo que se traduce en déficit del sistema que debe ser abonado por todos los  consumidores con subidas posteriores de los peajes.  Además, se deja de pagar 39 euros de energía, lo que incrementa las pérdidas y se traduce en un mayor coste de  la energía para las comercializadoras, que finalmente trasladan a los consumidores, de acuerdo con la legislación vigente. 

El fraude pone en riesgo la seguridad de los consumidores

Además del efecto del fraude energético en nuestros bolsillos, este también puede poner en peligro nuestra seguridad. Las manipulaciones de aparatos y contadores no supervisadas por profesionales son extremadamente peligrosas y no sólo ponen en riesgo la vida de quien lleva a cabo el pirateo, también de los que viven en el edificio o local afectado, a los operarios de las compañías energéticas y a la propia instalación. Cada año, el fraude provoca accidentes graves y víctimas mortales.

Los enganches pueden tener consecuencias como averías y cortes eléctricos y no resulta improbable que se produzcan cortocircuitos e incendios porque las redes están dimensionadas para un caudal concreto de energía.Los defraudadores

Al contrario de lo que podemos pensar, la mayoría del fraude energético que se comete en España no corresponde a familias con bajos recursos. El 96% del fraude eléctrico lo cometen empresas y grandes consumidores, según datos de una energética.

Que los grandes defraudadores energéticos sean empresas, industrias o negocios comporta además una consecuencia derivada: la competencia desleal. Las compañías que ejercen estas prácticas ilegales están dejando de abonar unos costes periódicos que sí abonan sus respectivos competidores. Los mecanismos para frenar el fraude

Para evitar el fraude, las compañías distribuidoras de energía han reforzado sus campañas de detección del fraude en toda España. Además, algunas, como Unión Fenosa Distribución, están introduciendo nuevas tecnologías, como los contadores inteligentes, que contribuyen a frenar estas prácticas y, sobre todo, a detectar los lugares en los que se origina el fraude.

Por su parte, los usuarios también deberían preocuparse por el fraude. Más allá de sus perniciosas consecuencias, la legislación vigente establece que la instalación energética es responsabilidad del cliente, por lo que es el titular del contrato el responsable de los fraudes que se puedan cometer y las consecuencias de ese delito, incluso si ha sido cometido por un tercero. En caso de detectar alguna irregularidad, los usuarios deben informar de la situación a la compañía de manera inmediata.