Podemos aboga por la supervisión estatal y el asamblearismo en la universidad

Podemos ha presentado un documento de 98 páginas en el que recoge sus propuestas de Gobierno en muy diferentes ámbitos, desde el económico y el políticos, al judicial y el educativo, y en el que ha marcado sus priorioridades en el que sería su país ideal.

El esquema de convivencia diseñado por la formación morada es intervencionista y extremadamente controlador y deja un papel muy relevante para el vicepresidente del Gobierno -un puesto que reclama Pablo Iglesias- que controlaría los servicios de inteligencia, los medios, los jueces e incluso un nuevo cuerpo de policía judicial, pensado para luchar contra la corrupción.

Su propuesta de elegir los jueces por afinidad ha generado una gran polémica, como su clara apuesta por la plurinacionalidad -que introduce en numerosos ámbitos- y su insistencia en un referéndum que deje una puerta abierta para la independencia de Cataluña.

En el ámbito educativo también son relevantes numerosas propuestas, incluidas en el documento Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías o expresadas a través de otros informes y declaraciones, que entran en contradicción con que actualmente están en vigor.Derogar la LOMCE

Lo primero que haría la formación morada, si tuviese la posibilidad de gobernar, sería derogar la LOMCE, que asegura que es una ley regresiva hecha a espaldas de las familias y la comunidad educativa. Al tiempo, quiere imponer en la universidad la cultura asamblearia -profesores, alumnos y administrativos votarán decisiones- y aboga por una reducción drástica de alumnos en las aulas, una intención ambiciosa, pero aseguran que realista.

Podemos aboga por promocionar la educación pública, gratuita, laica y de calidad como eje verebrador del sistema educativo y asegura que al final de la legislatura habrá plazas escolares públicas gratuitas de proximidad al domicilio familiar. Admite que la oferta de plazas escolares concertadas seguirá financiándose con recursos públicos solo en los casos en que sea necesario por insuficiencia de la oferta de la red.

Además aprobará un nuevo estatuto del PDI universitario que contemple la reinserción de jóvenes científicos, la estabilidad en la carrera docente e investigadora y mecanismos a favor de la igualdad de género. Asimismo, se reformará la evaluación y acreditación que respete la diversidad de los objetivos docentes e investigadores y la autonomía universitaria.

Irene Montero, portavoz de Educación y Deporte de Podemos en el Congreso, aboga por el consenso en educación, pero pone líneas rojas: "Educación superior universal con becas y tasas asequibles para que el estudiante que quiera estudiar pueda hacerlo, dignificación de las condiciones de los docentes, más tiempo para la investigación y una mayor dotación para sus investigaciones".

Según recoge El Mundo, el plan maestro de Podemos persigue aumentar la calidad de las universidades y dotarlas de un sistema directo de evaluación y control que dependa directamente del Ministerio de Educación. En las universidades públicas debe primar siempre el interés general. Por eso, deben tener una supervisión estatal que ahora está condicionada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), una entidad independiente", asegura Montero.

Desde Podemos hablan de un aumento del gasto en educación. "En España dedicamos a educación superior un 1,13% del PIB, mientras que en Europa hablan de un 3% y los países de la OCDE gastan un 5%. Hemos calculado que con 13.700 millones de euros de inversión se podría asentar la educación en España", señalaSandra Mínguez, responsable de Educación en Podemos, al mismo medio.

Este importante aumento del gasto vendría del aumento de los impuestos y se premiaría a la universidades que apostasen por investigaciones de impacto social o sobr asuntos como igualdad de género o democratización institucional.

Mientras el dinero saldría del presupuesto público, las decisiones se tomarían de forma participativa -asamblearia- dentro de la universidad. "Los ingresos deben venir sobre todo del erario público y debe ser un ente completamente independiente de los poderes financieros o fácticos", apunta Mínguez, asegura que la propuesta pretende evitar que las grandes empresas multinacionales condicionen la política universitaria.