Phoenix (EE.UU.), 6 sep.- Activistas rechazaron una medida establecida en Arizona (EE.UU.) que convirtió a ese estado en el primero del país en imponer una tarifa a toda persona mayor de 18 años que desee visitar a un preso, hecho que también ha generado una demanda judicial.
La medida autoriza el cobro de una tarifa única de 25 dólares con el fin de verificar la identidad y el récord criminal de la persona que desea visitar a un reo.
En opinión de Lydia Guzmán, activista y representante del grupo Respect/Respecto, la nueva regulación afecta especialmente a familias de bajo recursos, entre ellas hispanas y de inmigrantes en Arizona, estado fronterizo con México.
"Hay muchas personas sin empleo que están pasado serios problemas económicos y este tipo de gastos adicionales no los pueden tener", sostuvo en entrevista con Efe.
Para la activista este cobro, que entró en vigor en julio pasado, es innecesario, ya que las cárceles verifican la identidad de toda persona que ingresa de visita a los centros penitenciarios estatales.
El grupo Middle Ground Prison Reform y familiares de reos presentaron una demanda ante la corte superior del condado Maricopa contra el cobro, del que están exentos los abogados de los presidiarios.
La demanda argumenta que es inconstitucional el imponer una tarifa a un grupo específico de personas con el fin de recaudar fondos para fines públicos ya que uno de los propósitos de la ley es obtener dinero para el mantenimiento de las cárceles.
Por su parte, los abogados del estado buscan que la querella sea desestimada.
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