Políticos y militares piden mayor control en los contratos y presupuestos del Ejército

Varios partidos políticos y asociaciones militares quieren ampliar el régimen de incompatibilidades a los altos mandos del Ejército, tales como coroneles o capitanes. La intención es mantener la objetividad de la gestión pública y evitar que se repitan algunos casos en los que altos responsables de las Fuerzas Armadas acaben en empresas privadas.

Es el caso de Carlos Villar Turrau, antiguo Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), que dejó este puesto en 2008 y a los pocos meses se convirtió en el vicepresidente de 'General Dynamic Santa Bárbara'. Otro militar en la reserva, el oficial Candil Muñoz, aseguró que Villar Turrau "no resolvía nunca nada que fuera en contra de esa empresa".

El puesto de Villar como JEME es considerado alto cargo, por lo que la Ley de conflicto de intereses e incompatibilidades sí regula su figura, así como el Real Decreto de 1986 sobre cargos militares. La Justicia, por tanto, puede actuar sobre este tipo de movimientos. El problema radica en que la legislación española no diferencia entre el interés general y el personal de numerosos puestos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas, que no son considerados altos cargos, pero que adjudican contratos y presupuestos millonarios a diferentes empresas armamentísticas.

Así lo ha denunciado UPyD. En declaraciones a este medio, su portavoz en la Comisión de Defensa, Irene Lozano, ha querido llamar la atención sobre la opacidad existente en la administración del Ejército justificada a su juicio por la cuestión de la seguridad nacional. Para ello este lunes realizó una propuesta no de ley en este sentido en la Comisión de Defensa, y que fue tumbada con los votos de PP y CiU.

"Es muy negativo que no se haya desarrollado la legislación (de incompatibilidades) para altos mandos del Ejército. Algunos participan en decisiones de contratación y presupuestos de cifras mareantes de dinero", asegura Lozano, quien además considera que en estos casos es muy fácil caer en conflicto de intereses.

Además, ha lamentado el "gran negocio" que han podido suponer los grandes programas de armamento, diseñados por el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, durante su etapa como secretario de Estado en el primer gobierno de Aznar. En su opinión esta situación de vacío legal "puede favorecer que se den comportamientos como los que trata de prevenir" la Ley de incompatibilidades."Manchar la imagen del Ejército"

Desde el Partido Popular, la cuestión a tratar "tiene sus cauces de control. Si lo que se quiere es incrementar o modernizar, se podrá hacer, pero los conflictos de intereses están regulados", ha asegurado la portavoz del PP en la citada comisión parlamentaria, Carmen Álvarez-Arenas. La diputada cree que se debe distinguir entre la figura de alto cargo y la de alto mando, de la que la ley no dice nada.

Al mismo tiempo, el PP considera que no es necesario ampliar las incompatibilidades porque "el ejército es una institución ejemplar en la que no se ha conocido ningún caso (de corrupción)".

Según la diputada de UPyD, si en el Ejército español no se ha encontrado jamás una mala gestión intencionada de los fondos públicos es porque no se ha investigado. Además considera que "los presupuestos de armamento no están hechos pensando en las necesidades de la armada, sino en las de la industria militar pública y privada". Algo que discrimina a la preparación de los soldados, en opinión de Lozano.

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Algunas asociaciones militares como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) o la Organización de Apoyo a la Tropa y Marinería (OATM), coinciden en la necesidad de aplicar reformas orientadas a mejorar la transparencia, aunque con discrepancias. El secretario general de AUME, Mariano Casado, pide prudencia y no sabe decir si realmente existe una 'puerta giratoria' entre las Fuerzas Armadas y el sector privado pero sí considera que es necesario profundizar y poner al día los mecanismos ya existentes. "Hay que delimitar bien qué es el conflicto de intereses y hacer más eficaces sus mecanismos de control". Las reformas legislativas en las que trabaja el Gobierno, son a juicio de Casado una muy buena oportunidad para "poner al día una serie de normas".

Desde la ONG OATM consideran que los beneficios a empresas de personas conocidas "es el día a día en el Ejército". Aunque no disponen de pruebas que lo demuestren hablan de una ley no escrita por la que si una institución privada no cuenta en su plantilla a un antiguo militar le es muy difícil conseguir una adjudicación pública.

Además proponen como solución la aplicación de auditorías externas porque en la actualidad, la única forma de conocer vulneraciones de la ley dentro de las Fuerzas Armadas es que "alguien de dentro" esté dispuesto a hablar.

Por otro lado, otra organización militar, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) entiende que la ley actual es exactamente igual para todos los trabajadores públicos, incluidos los de las Fuerzas Armadas, por lo que no hay motivo para sospechar de su desempeño.