Pospuesta la declaración de los tres imputados por Centro de Convenciones

Castellón, 17 jul.- Las declaraciones de los imputados por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón previstas para hoy, entre ellas la del actual subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Benzo, se han pospuesto porque no se les ha podido notificar la citación judicial.

Además de la declaración de Benzo, por su etapa como responsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava, estaban previstas las declaraciones ante el juzgado de Instrucción número 5 del secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, por su gestión como director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat, y del ex director de la Sociedad Proyectos Temáticos Javier de Diego.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, que han recordado que el arquitecto valenciano Santiago Calatrava no está imputado en este caso, las citaciones no han podido materializarse ya que los domicilios a los que se han enviado no eran correctos, debido a que figuraban los que tenían los imputados en el momento de los hechos.

Las mismas fuentes han señalado que Fernando Benzo se comunicó ayer con el juzgado y ofreció su dirección correcta para que le sea enviada la citación.

El juzgado averiguará ahora las otras dos direcciones correctas para, en función de la agenda del juzgado, volver a citar a los imputados en nueva fecha.

La causa abierta por el juzgado castellonense investiga las supuestas irregularidades que se pudieron cometer en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón.

El proyecto se encargó al arquitecto Santiago Calatrava en 2008, y la Generalitat pagó 2,7 millones a este por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, aunque el proyecto fue suspendido temporalmente a finales de 2012 por el Gobierno valenciano debido a la coyuntura económica.

La denuncia fue presentada por un particular en la Fiscalía de Torrevieja, y en la misma estima que se pudieron cometer los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y defraudación a la Hacienda.

La Fiscalía de Alicante, ante la falta de competencia territorial, remitió el asunto al decanato de Castellón quien repartió el asunto por turno al juzgado de Instrucción número 5.

Antes de que el Gobierno valenciano descartara llevar a cabo el proyecto en el corto plazo, Esquerra Unida (EU) denunció en 2011 ante la Fiscalía de Castellón irregularidades en la adjudicación del citado proyecto en la cual aseguraban que se podían haber cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración pública.

EU reveló también que el arquitecto había recibido de la Generalitat un total de 2,7 millones de euros por la redacción del proyecto, en anteproyecto y el proyecto básico, "a pesar de que este no cumplió con sus obligaciones".

La Fiscalía, sin embargo, decretó el archivo de la causa en marzo de 2011 e instó a la formación a presentar la denuncia ante el juzgado si lo consideraba oportuno, aunque no se presentó por parte de la formación.