En un comunicado, Villalobos ha puesto de relieve este sábado que, "de ese total, en torno al 20 por ciento puede estimarse la cantidad de superávit que corresponde a Andalucía, por lo que hablamos de recursos muy importantes como para no poder aplicarlos a inversiones financieramente sostenibles".
De esta manera, entiende que "el Gobierno, sin demora, nos debe autorizar de inmediato esa utilización de las partidas en infraestructuras locales y provinciales".
Las entidades locales cerraron el año con un superávit del 0,64 por ciento, lo que, para Villalobos, "avala la gestión de excelencia de la administración local con lo que hemos contribuido nuevamente a mejorar los resultados totales del conjunto de las administraciones públicas del Estado reduciendo el déficit que nos exige Europa".
Las corporaciones locales registran superávit desde 2013 y Villalobos cree que "es preciso que no se encorsete el gasto y la inversión a los ayuntamientos con la aplicación de nuestros superávit y a la vez una flexibilización de la regla de gasto, que nos permita inversiones necesarias para nuestros pueblos y ciudades".
Para el presidente de la FAMP, "no es justo que las entidades locales saneadas, que tienen un remanente positivo, una deuda escasa o nula y que pagan puntualmente a sus proveedores, sigan penalizadas con una regla de gasto que limita su posibilidad de crecimiento. Esto es fundamental para el fomento del empleo y las inversiones que se puedan ejecutar en nuestros pueblos y ciudades, más empleos es igual a más riqueza. Ese es el círculo virtuoso de la economía", ha sentenciado el presidente de la FAMP.
REPOSICIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS LOCALES
Villalobos también ha exigido que la tasa de reposición de los empleados públicos locales para 2017 sea del 100 por cien, ya que "de esa manera podamos ir recuperando los empleos perdidos desde 2012 tras la entrada en vigor de la Ley de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera".
El presidente de la FAMP ha afirmado que la "Administración local ha sido la que se ha visto más afectada y dañada en la aplicación de esta normativa con la pérdida de casi 100.000 empleos en todo el Estado, un 15 por ciento, mientras que los recortes de personal en la Administración General del Estado y de las autonomías ha sido del 11,5 y del 3,7 por ciento, respectivamente".
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