Presumen de ser demócratas pero incumplen la regla de oro de la democracia

Mariano Rajoy no ha sido un presidente de Gobierno volcado a masajear la emoción sentimental de los ciudadanos y a usar el ceremonial político, pero minutos después de las 12,12 del 9 de noviembre de 2015 reiteró solemnemente a todos los españoles que la independencia de Cataluña votada por mayoría en el Parlament nunca ocurrirá: "El Gobierno no va a permitir que esto continúe". Yo aconsejo escuchar íntegra y leer con detenimiento la transcripción de la declaración institucional de Rajoy sobre la culminación parlamentaria del desafío independentista, porque en ella se contiene la respuesta adecuada de un Gobierno democrático a un atentado secesionista. Rajoy no tiene el sentido escénico de un político que se caliente al calor de las masas, pero es un funcionario recto que confía en la fuerza de la ley más que en otra cosa y ha preparado una respuesta que discurrirá por territorios institucionales y legales. Será eficaz, como lo es una operación quirúrgica en la asepsia de un quirófano.

A las 12,12 del 9 de noviembre, el Parlamento autonómico de Cataluña aprobó por mayoría de 72 votos contra 63 la resolución por la independencia que presentaron Junts pel sí y la CUP, grupos de izquierda en los que figura incrustada la Convergencia de centro derecha resituada por Artur Mas en los páramos del extremismo secesionista. A partir de ahí es cuando le toca al Estado la misión de autodefensa de los españoles, en especial de los catalanes, frente a una operación antidemocrática, profundamente arriesgada y peligrosa por muy anunciada que estuviera. Le toca responder a la voladura de España con la rapidez que exigen las bombas de relojería. Esto no es alarmismo porque la agresión que ha perpetrado la mayoría del Parlament (que no de Cataluña: no tenían mayoría de votos pero sí la tienen de escaños por efecto del sistema de reparto) es una agresión en regla a la estabilidad de la nación, a la convivencia, al progreso y a la democracia.

Es pueril, y sería cómica si no fuera tan grave el momento, la obsesión de los rupturistas por disfrazar su atentado con la vitola democrática. Espero que solo persuadan a los despistados. Lo que hacen estos autodeclarados demócratas es incumplir la regla de oro, la norma básica, de la democracia, que es respetar la ley. Resulta que para ellos es democrático todo lo que hacen con el objetivo de desengancharse de España e incluyen en ello violar la legalidad democrática. Esto que se parece a un trabalenguas es la descripción de una estafa política y una infracción jurídica. Son demócratas, dicen ellos, porque no respetan la Constitución democrática, legalmente vigente en España. Lo repitieron en el pleno de la cámara autonómica que quieren convertir a las bravas en el parlamento de un estado soberano por su propia voluntad, que es lo único que les ampara. O sea, son unos antidemócratas en camino de convertirse, como ya hicieron otros en la historia, en peligrosos autócratas.

En la sesión parlamentaria, García Albiol (Partido Popular) e Inés Arrimadas (Ciudadanos) coincidieron en recordar el aniversario de la construcción del muro de Berlín que dividió Alemania en dos. Artur Mas apuntó una mueca de sorpresa, mientras en los escaños superiores los anticapitalistas de la CUP debieron de sentirse complacidos por la memoria de una imposición totalitaria. Arrimadas añadió que votaría no a la declaración de independencia y "sí a la democracia". Albiol, hijo de catalana y de andaluz, le advirtió a Mas que "ni usted ni nadie nos va a expulsar de España". Y Miquel Iceta (Partido Socialista) les avisó de que "están desconectando de la legalidad democrática" y "no saben adónde van". Estas referencias a la democracia y al necesario respeto de sus reglas enmarcan la verdadera dimensión del conflicto, que no puede ser entendido sino como un atentado despótico.

De ahí la importancia de la respuesta, que se basa estrictamente en el Estado de derecho, en la ley y en la democracia, como afirmó Rajoy, y que pone en funcionamiento la competencia de las instituciones: el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Tribunal Constitucional. Y, si llega el caso, los tribunales de justicia y los demás recursos del Estado. La reacción del Gobierno ha sido rigurosa y adecuada, con la fuerza que da el uso de los instrumentos de la democracia contra los antidemócratas, que estos son, y no es baldío repetirlo, los términos exactos de la cuestión.