Presupuesto del gobierno uruguayo pide reducción de vacantes militares y preocupa a oposición

  • El presupuesto quinquenal del gobierno uruguayo a estudio del Parlamento establece una reducción de hasta 50% de las vacantes en las Fuerzas Armadas, lo que preocupa a la oposición por considerar que puede aparejar riesgos en tareas como controles territoriales y asistencia humanitaria.

Según destacaron este lunes medios locales, hay preocupación en la oposición y en filas castrenses porque el presupuesto del gobierno de Tabaré Vázquez (coalición Frente Amplio, izquierda) prevé entre otras cosas reducir en 50% las vacantes de soldados en el Ejército y en la Armada uruguaya.

La iniciativa del Ministerio de Defensa tiene por objetivo generar recursos para así asignar un aumento salarial de unos 35 dólares al mes a efectivos de categorías básicas a expensas de la reducción del número de soldados y marinos disponibles en Uruguay, un país de 3,4 millones de habitantes. Se calcula que por año los cuadros castrenses generan unas 1.300 vacantes.

El FA, que ejerce su tercer gobierno consecutivo, decidió priorizar la seguridad pública y propone mayores aumentos salariales y recursos para la Policía. Para la oposición, esto puede llevar a las fuerzas militares a reducir o suprimir unidades y afectar algunas tareas como patrullajes fronterizos.

Gustavo Penadés, del centroderechista Partido Nacional (PN) reclamó del gobierno "una decisión de carácter político para definir qué rol de las Fuerzas Armadas tenemos".

Datos proporcionados a legisladores por el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, indican que el presupuesto actual del sector es apenas de 0,95% del Producto Interno Bruto (PIB) -79% destinado a salarios-.

El diputado oficialista Gonzalo Mujica aseguró en la comisión de Defensa local que a los militares se les trata "lo mejor que se puede" con los recursos existentes.

El ministro de Economía, Danilo Astori, había dicho al presentarlo a principios de mes que el presupuesto fue elaborado con un análisis riguroso de la realidad local e internacional y que las prioridades eran atender la infraestructura, áreas de la salud, la seguridad pública y sobre todo más fondos para el sistema educativo público, que recibía el 40% del incremento de recursos respecto del presupuesto pasado.

El presupuesto está siendo abordado por la Cámara de Representantes, que dispone de un plazo constitucional de 45 días para votarlo y enviarlo al Senado.

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