Bogotá, 6 jul.- Un fiscal antiterrorismo de Colombia procesó por despojo de tierras a uno de los hombres de confianza de un exjefe paramilitar extraditado a Estados Unidos, dijeron hoy en Bogotá portavoces judiciales.
El paramilitar Zeider Alfonso Caballero Yepes fue alcanzado con una orden de detención preventiva sin derecho a fianza, dentro de un proceso por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, según informó la Fiscalía General en un comunicado.
La entidad judicial destacó que Caballero dependía de "Jorge 40", alias de Rodrigo Tovar, antiguo jefe del Bloque Norte (BN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió en 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares.
Tovar fue extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos junto a otros trece mandos de las AUC, todos ellos reclamados por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.
La Fiscalía indicó que Caballero tenía a cargo la misión, ordenada por "Jorge 40", de presionar a campesinos para que cedieran sus tierras "a gente allegada al entonces cabecilla paramilitar".
La investigación está centrada en un despojo de predios rurales que se presentó entre 2002 y 2003 en Chibolo, población del Magdalena, uno de los departamentos de la costa caribeña en la que actuaba el BN.
La entidad judicial explicó que el fiscal estableció que, al parecer, Caballero presionó y amenazó a propietarios rurales "para que firmaran contratos de compra y venta de sus tierras a personas cercanas" a Tovar o a sus trabajadores.
Las tierras despojadas habían sido adjudicadas a los campesinos por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), pero funcionarios de esta entidad en la región declararon la caducidad de las resoluciones correspondientes, para formalizar el traspaso a los testaferros y empleados de "Jorge 40".
Por ello, cinco funcionarios del desaparecido Incora están también vinculados con esta causa, imputados por concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
El Gobierno colombiano ha reconocido que unos siete millones de hectáreas de tierras han sido usurpadas en el último cuarto de siglo en el país, dentro del conflicto armado interno.
De ese total, el Ejecutivo se propuso restituir la propiedad de al menos dos millones de hectáreas durante los cuatro años de mandato del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014).
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