Quito, 17 may.- Un juez ecuatoriano prohibió hoy salir del país a los cuatro miembros de una veeduría que dijo que el presidente, Rafael Correa, conocía los contratos de su hermano Fabricio con el Estado, y quienes están en la embajada de Panamá en Quito a la espera de una respuesta a su petición de asilo.
La Fiscalía les imputó hoy el cargo de falso testimonio, que acarrea una pena de 6 meses a 3 años, explicó a Efe Ramiro Román, su abogado, a la salida de una audiencia a la que los acusados no asistieron.
En su lugar, se refugiaron en la embajada de Panamá en Quito, según confirmó a Efe una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, que aseguró que "se están haciendo las consultas pertinentes en estos casos y aún no hay nada decidido" sobre su petición de asilo.
Los veedores temían que el magistrado dictara hoy una orden de prisión preventiva contra ellos.
El juez Fabián Llánez no emitió ese dictamen porque la Fiscalía no lo pidió, según Román, que informó de que el magistrado prohibió la salida del país de los imputados y les ordenó que se presenten ante el juzgado cada 15 días.
El propio Correa solicitó la creación de la veeduría, pero una vez que hizo público su informe hace un año, acusó a sus miembros de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa, por lo que los denunció ante la Fiscalía, que ha impulsado el juicio penal contra ellos.
En su informe, el comité aseveró que el volumen de los contratos de Fabricio Correa ascendía a 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para el Estado de 140 millones.
También afirmó que Rafael Correa sí conocía esos contratos y que hubo favoritismo en su adjudicación en favor de Fabricio, quien, después del escándalo, se ha convertido en un opositor a la gestión de su hermano y realiza actualmente los trámites ante el Consejo Nacional Electoral para disputarle la reelección en febrero de 2013.
El mandatario ha negado conocer los contratos, que él canceló después de que una investigación periodística los sacara a la luz, y ha afirmado que la veeduría pretendía "hacerle daño al Gobierno".
Los miembros del comité fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo auditor ciudadano.
En su último programa televisivo y radial sabatino Correa acusó de actuar de forma "corrupta" a Raúl Martínez, el juez que estaba encargado del caso, así como a otros magistrados, pues según él han liberado a "delincuentes", aunque el mandatario no se refirió al proceso contra los veedores.
La audiencia de hoy la condujo un nuevo juez, Llánez, un cambio que Román dijo que le sorprendió.
"Hay interferencia en la administración de justicia cuando incluso se publican los nombres de jueces directamente en una sabatina", dijo el letrado, quien denunció que "se está controlando a la justicia".
Román dijo que los veedores pidieron asilo "porque estaban las personas cercanas a ellos controladas" y afirmó también que se han intervenido los teléfonos y los correos electrónicos.
Pablo Chambers, el presidente de esa veeduría, y sus colegas José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo pidieron asilo desde el viernes a las embajadas en Quito de Costa Rica, Panamá, Chile, Reino Unido y el Vaticano.
El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, afirmó hoy en San José que no completaron la solicitud formal y que por eso "pareciera que ellos desistieron". Los otros Gobiernos no se han pronunciado al respecto.
Del mismo modo que la veeduría, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, los periodistas que revelaron los contratos de Fabricio Correa, afirmaron en su libro "El Gran Hermano" que el presidente sabía de los contratos.
El mandatario les enjuició por injurias por ello, pero tras ser condenados al pago de 2,1 millones de dólares los perdonó.
En febrero también se refugió en la embajada panameña en Quito Carlos Pérez, directivo del diario ecuatoriano El Universo, quien fue condenado, junto a otras tres personas, a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares por injurias a Correa, quien finalmente los perdonó.
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