Proponen que las 20.000 instituciones y partidos que hay en españa publiquen su patrimonio

Tres expertos en transparencia han comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para ofrecer su visión de lo que debe ser la Ley de Transparencia. Lo que consideran esencial es que las más de 20.000 instituciones públicas y partidos políticos hagan público su patrimonio.
La Comisión Constitucional del Congreso recibe desde hoy a expertos para que con sus comparecencias ilustren a los diputados sobre distintos aspectos de la Ley de Transparencia. Por la Comisión Constitucional pasarán alrededor de 40 expertos en distintas materias, en sesiones que se celebrarán hasta finales de febrero.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez; el miembro del Comité de Transparencia Internacional Antonio Garrigues Walker, y el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano Álvarez, han sido los primeros en acudir al Congreso.
Precisamente Lizcano ha sido el más concreto a la hora de sugerir recetas para mejorar la transparencia. A su juicio, la norma que está impulsando el Gobierno es poco "garantista", porque no establece un sistema de sanciones por incumplimiento de sus preceptos.
Lo más importante sería, para este experto, "obligar a las más de 20.000 instituciones y partidos a publicar su patrimonio, que está disperso", y así "conocer las instalaciones, fincas, coches oficiales... etc.", de cada una de ellas.
De igual modo, sería necesario implantar un criterio de transparencia contable de manera que los partidos políticos deban hacer públicas sus "cuentas, ingresos, fuentes de financiación y bienes patrimoniales con el debido desglose".
Para evitar el silencio administrativo como respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, Lizcano propuso incentivar que las distintas administraciones respondan.
DERECHO FUNDAMENTAL
Los tres comparecientes coincidieron en el "acceso a la información es fundamental" para garantizar la transparencia, pero expresaron sus dudas sobre la conveniencia de que este derecho se contemple como uno de los fundamentales en la Constitución.
Tal y como está redactada la Carta Magna en la actualidad, el derecho a la información de las instituciones no es uno de los derechos fundamentales de los españoles.
Además, el director de la Agencia de Protección de Datos expresó sus reservas ante una ley que podría entrar en conflicto con la norma de protección de datos y abogó por proceder a las reformas necesarias antes de que entre en vigor.
También expresaron sus dudas sobre la inclusión de la petición de algunos grupos y organizaciones para que la Casa del Rey quede también sometida a la Ley de Transparencia.
Con estas comparecencias se pretende dar tiempo a los grupos parlamentarios para formarse un criterio, estudiar con calma la norma e intentar alcanzar el máximo consenso posible.
El Gobierno impulsó la creación de una comisión de expertos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para hacer aportaciones al texto, cuando el proyecto estaba aún en elaboración.