Protestan en Honduras contra pruebas permanentes de confianza en la Policía

Tegucigalpa, 19 dic.- La aprobación de una reforma legal por parte del Parlamento hondureño que convierte en permanentes las polémicas pruebas de confianza en la Policía generó hoy rechazo de sectores sociales que cuestionan, además, la destitución de cuatro magistrados, que declararon inconstitucionales esas medidas.

Un grupo de hondureños, aglutinados en la Unión Cívica Democrática, protestaron este miércoles en las inmediaciones del Parlamento, en el centro de Tegucigalpa, por la destitución de los cuatro magistrados y contra las pruebas de confianza, que incluyen el polígrafo y los exámenes toxicológicos.

El Parlamento aprobó la noche del martes una reforma a la Ley Orgánica de la Policía para convertir en permanentes las pruebas de confianza a agentes y oficiales, ahora denominadas "mecanismos de medición y evaluación de la Policía", para depurar la institución, a la que se le ha vinculado con la criminalidad que vive el país.

El analista y exdiputado del gobernante Partido Nacional Raúl Pineda dijo a Efe que la reforma "era innecesaria", con el argumento de que el propio director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, ha dicho que la depuración de la institución se puede hacer sin "ninguna legislación especial".

Con la reforma, se pueden practicar pruebas de confianza a los oficiales y agentes que, si no las aprueban, serán llamados a una audiencia de descargo para que puedan defenderse y posteriormente el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, decidirá lo que procede.

Pineda indicó que esa reforma le "da la razón a la sentencia" de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que el 27 de noviembre pasado declararon inconstitucional las pruebas de confianza.

Los cuatro magistrados fallaron la inconstitucionalidad de las pruebas el 27 de noviembre pasado, dos días después de que había vencido la Ley Especial de Depuración de la Policía, que había entrado en vigor el 25 de mayo pasado.

La depuración de la Policía hondureña inició en noviembre de 2011 tras el asesinato de dos jóvenes, a finales de octubre de ese mismo año, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma (Unah), Julieta Castellanos.