Madrid, 16 ago.- El PSOE ha recurrido hoy la ley antidesahucios para denunciar la falta de control judicial en estos procedimientos tras "pulir" las propuestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por lo que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido no acudir al Tribunal Constitucional.
Tanto la actitud del PSOE como la de la defensora -que ha considerado que no era "necesaria" su intervención tras el recurso socialista-, ha sido criticada por la PAH, en el primer caso por su "oportunismo" y la segunda porque ha incumplido sus obligaciones al no estudiar la denuncia de que la norma "viola derechos fundamentales".
La PAH y Stop Desahucios pidieron que 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo "avalasen" el recurso que habían preparado, solicitud a la que sólo respondieron 24 parlamentarios de Izquierda Plural y varios del grupo mixto.
Mientras, el PSOE decidió presentar un recurso propio tras "pulir" y "hacer correcciones" al de la Plataforma, ha explicado la portavoz de Vivienda del grupo parlamentario socialista, Leire Iglesias.
En el documento, considera que 14 artículos de la norma vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa en relación con las garantías procesales ofrecidas a los consumidores, así como a la inviolabilidad del domicilio y a la no discriminación por razones de edad, entre otros.
Recoge la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 14 de marzo, en la que puso de manifiesto que las medidas que regulan en España los procesos por el impago de una hipoteca son contrarias a la legislación europea, que busca proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas.
El tribunal europeo dictaminaba que el juez nacional debe apreciarlas de oficio, aunque según el PSOE la ley establece que un tribunal puede determinar el carácter abusivo de una cláusula "pero no el estricto deber de control de apreciar de oficio las cláusulas abusivas".
Apela además a la sentencia europea para decir que la norma española viola el principio de igualdad de armas procesales y acceso a los recursos, pues otorga a las "entidades ejecutantes la posibilidad de discutir en apelación las decisiones" de instancia, cosa que se deniega a la parte ejecutada.
Por otra parte, cree que la ley no establece la intervención judicial que "individualice y valore las circunstancias e intereses concurrentes en el lanzamiento".
Asimismo, señala que la suspensión del lanzamiento durante dos años en núcleos familiares con un menor de menos de 3 años prevista en la norma plantea "exclusiones no justificadas y desproporcionadas" de otros menores mayores de dicha edad, que quedan discriminados por este motivo.
También afecta a la Carta Magna el hecho de que la ley no especifique las condiciones ni el plazo para el Fondo Social de Viviendas, ni tampoco que fije un límite al porcentaje de ingresos que pueden dedicarse a pagar la renta, lo que desprotege a los colectivos especialmente vulnerables.
Por último, recurre la propia tramitación de la ley y acusa al PP de "solventar en una única sesión de la Comisión de Economía, y en menos de hora y media (...) la supresión de un texto legislativo que había sido avalado por la firma de casi un millón y medio de electores y había sido apoyado por la practica unanimidad del pleno de la Cámara dos meses antes".
La "viciada tramitación" de la ley, a juicio del PSOE, ha vulnerado el derecho de participación política de los cargos públicos y el de los ciudadanos "a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".
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