Madrid, 5 jun.- Los grupos del PSOE y CiU en el Senado han avanzado hoy que barajan recurrir al Tribunal Constitucional la admisión de tres enmiendas del PP a la ley que simplifica las fusiones y las compras de empresas por haberse presentado fuera de plazo y ser incongruentes con el texto legal.
La Mesa del Senado ha admitido a trámite las tres enmiendas -que modifican la Ley de Sociedades de Capital y la del Mercado de Valores- con el voto de los cuatro representantes del PP y la oposición de los tres del PSOE y CiU.
En la reunión, la Secretaría General del Senado ha expresado sus dudas sobre la congruencia de las enmiendas con la ley que simplifica las fusiones y ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional de hace un año en contra de la práctica parlamentaria de aprovechar la tramitación de una ley para legislar sobre otro asunto distinto.
La vicepresidenta segunda del Senado, Yolanda Vicente (PSOE), ha avanzado que su grupo estudiará recurrir al Tribunal Constitucional, al igual que el representante de CiU, Manel Plana, por considerar que las enmiendas no son congruentes con la ley.
Ambos han reprochado al PP la falta de "galantería parlamentaria" por no haber consultado a los grupos la presentación de las enmiendas fuera del plazo reglamentario (veinte minutos después).
De hecho, los portavoces de todos los grupos de la Cámara han recriminado al PP la admisión de las enmiendas durante la reunión de la Junta de Portavoces que se ha celebrado antes de la Mesa.
El vicepresidente del Senado, Juan José Lucas (PP), ha explicado que el grupo popular presentó las enmiendas antes de las doce de la noche, es decir, "en plazo" y que la sentencia del Tribunal Constitucional daba un "amplio margen" de interpretación sobre la congruencia con la ley a la que acompañan que corresponde precisamente a la Mesa del Senado.
Lucas ha defendido que se debe facilitar el "derecho fundamental" de los senadores a enmendar y ha explicado que, después de que la oposición ha planteado dudas sobre la congruencia de las enmiendas con la norma, la Mesa ha decidido que debe primar ese derecho.
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