El puente aéreo de la corrupción: redada en Madrid, solo un Pujol en la cárcel

Cuando el pasado 19 de abril la Audiencia Nacional inició la ‘Operación Lezo’ y empezaron a caer Ignacio González y sus secuaces, inevitablemente las tertulias y la calle hizo memoria y volvió a preguntarse: ¿Qué pasa con los Pujol? Habían pasado más de cuatro años y casualidades (o no) apenas una semana después de que el juez Velasco enviase a prisión sin fianza a González y otros cinco implicados más en la trama, el juez De la Mata ordenaba la entrada en la cárcel del primer Pujol, el único de la saga que está entre rejas.

Son muchas las similitudes entre los casos de corrupción de la familia Pujol  en Cataluña y los de la Comunidad de Madrid, tanto de la ‘Púnica’ como de la última trama del Canal. Familiares, entramado de empresas ficticias, comisiones de empresas a cambio de favores, dinero en paraísos fiscales… Pero también hay grandes diferencias en la instrucción y en las decisiones de los jueces y peticiones de los fiscales.  

A los Pujol se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad dodumental, delito contra la Hacienda Pública y organización criminal. A los implicados en la ‘Operación Lezo’ se les atribuyen delitos similares con alguno añadido: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

En el primer caso hay 32 imputados (entre ellos todo el clan Pujol: el patriarca, la madre y los siete hijos) y sólo una persona en la cárcel, Jordi Pujol Ferrusola, el mayor de los hijos del ex presidente catalán. En la trama del Canal hay ya 57 imputados y siete personas en la cárcel entre ellos el ex presidente de Madrid Ignacio González y su hermano Pablo. Una de las grandes diferencias sería el presunto dinero desviado que en el caso de los Pujol sería de 500 millones de euros, aunque en otra pieza del sumario se investiga el presunto desfalco de Oriol Pujol de hasta 3.000 millones; mientras que en la ‘Operación Lezo’ la cifra se quedaría en 23,5 millones.

El caso de la familia Pujol se inició con la investigación a finales de diciembre de 2012. Y hasta esta semana ninguno de los integrantes del clan había pisado la cárcel porque ningún juez había visto motivos legales. La investigación se basa en el blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil relacionados todos con el espectacular patrimonio de la familia en Andorra…

Bien es cierto que los jueces de instrucción no pueden decretar ninguna medida sin que exista una petición de la acusación y no fue hasta el 12 de enero de este año cuando la fiscalía pidió por primera vez prisión preventiva para Jordi Pujol Jr. En su respuesta, el juez de La Mata, que heredó el caso del juez Pablo Ruz, pronunciaba que “no se aprecian elementos nuevos que permitan afirmar razonablemente que en este momento concurre un peligro nuevo no valorado, fundado y concreto de destrucción de fuentes de prueba, o de capacidad de influencia sobre otros investigados o testigos que no haya tenido ocasión de desarrollar durante todo este tiempo, y que exija por esta razón la adopción de una medida excepcional como la solicitada de prisión provisional", por lo que denegaba la petición.

Las únicas medidas cautelares hasta el momento de la entrada en prisión del primogénito de los Pujol fue la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país sin autorización judicial primero a Jordi, en febrero de 2016, y luego a Oriol, que fue detenido el 22 de octubre de 2014 y puesto en libertad al día siguiente. El riesgo de fuga nunca se esgrimió como una posibilidad para pedir la entrada en prisión de los hermanos.

Pero de esa primera petición de enero al auto de prisión sólo han pasado unos meses y ahora el encarcelamiento de Pujol Ferrusola tiene como finalidad, según el juez, “evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes para el enjuciamiento, visto que se ha materializado el peligro fundado y concreto de ocultación de fuente de pruebas que ya se apreció en febrero de 2016”.

Y es que, Jordi Pujol Ferrusola había dedicado los últimos meses a descapitalizar sociedades: “Desde que comenzaron las investigaciones en torno a su persona, ha venido realizando un progresivo proceso de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir”, según el juez que ahora sí estima que el control llevado a cabo hasta ahora sobre Jordi Pujol Ferrusola “ha resultado insuficiente”.

Aquí puede leer el auto de prisión de Jordi Pujol Ferrusola

Mientras el juez De la Mata mantenía a los Pujol alejados de prisión, el juez Velasco iniciaba la investigación de la ‘Operación Lezo’ en 2016 y la culminaba el pasado 19 de abril con los registros en el Canal y varias empresas y las detenciones de todos los presuntos cabecillas de la trama. En sólo 48 horas dictó prisión sin fianza para Ignacio González y Edmundo Rodríguez, su mano derecha y hombre de confianza para los negocios en Latinoamérica. A Pablo, hermano del ex presidente, le puso una fianza de 4 millones que no ha pagado.

Aquí puede leer el auto de prisión de Ignacio González

Las derivadas políticas del caso Pujol han estado presentes durante todo el proceso en el que incluso se llegó a hablar de supuestos dossieres secretos que, según el ex presidente de la Generalitat, harían temblar a la democracia.