Pulso entre Gobierno y CGPJ en el veto a la visita al CIE de Canarias

El veto de de Interior a la entrada de una treintena de jueces en el CIE de Canarias, como parte del programa del Foro de Inmigración que se celebra estos días en la comunidad, ha recibido la contestación del CGPJ, promotor de este encuentro. La Comisión Permanente del Consejo ha acordado, en reunión de urgencia esta tarde, que el CGPJ "lleve a cabo de manera inmediata las gestiones para convenir con el Ministerio del Interior las condiciones que hagan posible las visitas de jueces a los CIE". Aunque matizan que no corresponde al CGPJ cuestionar el ejercicio de otros poderes del EStado de las competencias que le son propias-los CIE son competencia de Interior-señalan que "las visitas pueden resultar de especial interés para la formación de los jueces" que tratan o vayan a tratar en el futuro asuntos de extranjería.

El máximo órgano de los jueces ha tardado, no obstante, varios días en mediar ante el Ejecutivo, una decisión precipitada por la petición de las vocales progresistas Roser Bach y Concepción Sáez, que ayer solicitaron que el asunto fuese tratado en aras a la necesaria cooperación entre instituciones y por considerarlo vital para la formación de los jueces.

La intención del CGPJ, según fuentes de la institución consultadas por este periódico, era tratarlo la próxima semana, en la reunión ordinaria de la Comisión que se celebra cada martes. Entonces, la situación resultaría ya insalvable, teniendo en cuenta que la visita al CIE estaba prevista para hoy. Los miembros del Consejo son conscientes, de todas formas, que aunque la petición se eleve esta tarde, la autorización, de producirse, no llegará a tiempo para esta edición.Interior alude a informes que "desautorizan" la visita

Interior comunicó a las autoridades de Canarias que no permitiría la visita al CIE, que en la actualidad alberga a 32 inmigrantes, después de que se hubiese solicitado el permiso como parte del programa del Foro de Inmigración, un encuentro de juristas expertos en la materia que cada año es promovido por el CGPJ y organizado por el Gobierno canario.

La Secretaría de Seguridad justifica el veto en la carencia de "amparo legal para la concesión", según una nota remitida al Gobierno de Canarias. En ese texto se alude además a supuestos informes que desaconsejan la autorización, pero cuyo contenido no ha trascendido.

El Ejecutivo ya había prohibido el acceso en la edición del año pasado, justificando entonces que en las "normas de funcionamiento de régimen interno de los CIE no están contempladas las visitas". Sin embargo, paradójicamente, sí las había permitido en anteriores convocatorias a los centros de Aluche, en Madrid, o de El Matorral, en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

También autorizó, en la presente edición, que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recorriese las instalaciones. Becerril evitó, no obstante, pronunciarse sobre la polémica, y la institución se reserva las conclusiones de esta visita para el informe anual, que prevé publicar próximamente.

El viceconsejero de Justicia de Canarias, Pedro Herrero, ha confirmado a este periódico que las razones del Gobierno no quedan explicitadas. "Ni hemos recibido los informes que dice el Gobierno, ni se nos adjuntan, ni sabemos su contenido", afirma. El Ejecutivo canario considera que la actuación de Interior se produce con una "opacidad injustificada y nada conveniente".

Del mismo modo, varias asociaciones de juristas habían pedido al organismo su intervención para que el Gobierno levantase el veto. Una prohibición, en opinión de Jueces para la Democracia, "arbitraria y poco transparente", que sólo conduce a "quebrar la confianza en las instituciones y a dudar legítimamente acerca del grado de cumplimiento de la ley en el interior de estos centros, de un modo inadmisible en un estado de derecho".Un CIE en una antigua cárcel

El vetoalimenta las dudas sobre la situación en la que se mantiene a los irregulares en estos centros,cuyas condiciones han sido denunciadas en repetidas ocasiones por las organizaciones de derechos humanos.

De hecho, el CIE de Barranco Secoaprovechó las instalaciones de la antigua prisión provincial,que en su momento albergó a los detenidos durante la Guerra Civil. "Resulta llamativo que fuerandescatalogadas para su uso como cárcel, pero consideren que sí están en condiciones para tener allí a los inmigrantes", opina Inés Herreros, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. En 2012, esta asociación ya advirtió al Ejecutivo de las importantes deficiencias estructurales y de funcionamiento detectadas en estos centros y de su incidencia en la vida diaria de los internos.

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Herrero recuerda que todos los jueces de guardia del territorio nacional tienen competencia para adoptar las medidas que ordenen el ingreso de los inmigrantes en estos centros y por ello, "necesitan saber las condiciones en las que se encuentran". Irregulares que son privados de libertad, advierte, " no por haber cometido un delito, sino por una situación de irregularidad administrativa".

Desde la asociación comparten la valoración de los jueces y afirman que supone una "total falta de transparencia y de respeto a la ciudadanía, al poder judicial y a las instituciones públicas, aparte de que demuestra una concepción muy poco democrática de los derechos humanos".
Junto con la oposición de jueces y fiscales,la decisión de Interior tropieza además con las recomendaciones de los organismos internacionales. En un informe publicado en 2013, el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa instaba a España a que promoviese las visitas judiciales a todo tipo de centros de detención.