Rajoy advierte que tiene los instrumentos necesarios "para enfrentar esta ilegalidad"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha brindado hoy un breve análisis sobre la situación de Cataluña, tras el pleno de investidura para designar a Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat."El discurso soberanista es una ilegalidad ya constatada", ha afirmado.

"Como presidente del Gobierno tengo el deber de velar por el cumplimiento de las leyes.Tenemos más instrumentos que nunca para enfrentar esta ilegalidad" ", ha dicho Rajoy.

"Los españoles pueden estar tranquilos.No dejaré pasar ni una sola actuación que vaya en contra de la Ley y de la decisión de los Tribunales. España es una nación libre, una sociedad madura, de ciudadanos libres e iguales. Nos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo", ha dicho el presidente.

"No permitiré que nadie se arrogue poderes ilimitados. El Estado y la democracia funcionan siempre", ha asegurado.

Por otra parte, el presidente del Gobierno en funcionesha constatado que cuenta con el apoyo de las principales formaciones tras conversar con los líderes del PSOE y Ciudadanos, y que mañana tratará de hacer lo propio con el de Podemos, Pablo Iglesias, para abordar este tema.

"Hemos sabido alejar nuestras diferencias para defender la unidad de la nación", ha comentado el jefe del Ejecutivo como resumen de sus conversaciones con Pedro Sánchez y Albert Rivera.

Finalmente, Rajoy ha aseverado que ha dado instrucciones "para que cualquier actuación que adopte el Govern que suponga la vulneración de la Constitución tenga la respuesta del Estado de derecho.No se va a abrir un proceso constituyente al margen de la ley".Las vías jurídicas que tiene el Gobierno

Ahora bien, ¿cuáles son realmente los caminos jurídicos que dice tener el Gobierno para impedir el proceso soberanista en Cataluña? En primer lugar, Rajoy seguramente analiza apelar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este artículo contempla "la suspensión o disolución de órganos territoriales" en el caso de que concurran situaciones "excepcionales o extremas, consistentes en el incumplimiento por las comunidades autónomas de obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes o en actuaciones de las mismas que atenten gravemente al interés general de España".

Sin embargo, la aplicación de dicho artículo no supone 'de facto' la suspensión total de la autonomía de Cataluña, ya que la Generalitat podría seguir aplicando decisiones que no contravengan ese interés general, según la opinión de algunos expertos en la materia.

Por otro lado, podría presentarse un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional. Los diputados de PP, PSC y Ciudadanos en el parlamento catalán acudirían con un recurso de amparo. Finalmente, como tercera opción, el Gobierno podría invocar la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Literalmente, el artículo 13 de la Ley subraya que "si el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos", o "el normal funcionamiento de las instituciones democráticas", entre otras coyunturas, resulten "gravemente alterados", el Gobierno podría decretar el estado de excepción. Dicha aplicación, al contrario que el artículo 155, si puede ser aprobada por la Diputación Permanente del Congreso.