Buenos Aires, 3 jul.- Una comisión de la Cámara de Diputados de Argentina, de mayoría oficialista, rechazó hoy iniciar un juicio político al vicepresidente del país, Amado Boudou, procesado en un caso de corrupción y quien finalmente no ampliará su declaración ante el juez este viernes.
El gubernamental Frente para la Victoria (FpV), con mayoría en la Cámara de Diputados, rechazó el enjuiciamiento de Boudou, como habían solicitado los partidos opositores en la Comisión de Juicio Político del Congreso argentino.
Para argumentar su decisión, se sostuvo que los pedidos de la oposición buscan "instalar una presión al magistrado" Ariel Lijo, encargado de la causa en la que está procesado el vicepresidente, y "violan la división de poderes".
La presidenta de la comisión, la legisladora Adela Segarra, del FpV, consideró, además, que las solicitudes opositoras constituyen un "intento de desestabilización política" y recomendó que "se rechacen 'in límine' (desde el comienzo) los pedidos de juicio político, toda vez que se refieren a supuestos hechos que se tramitan en sede judicial".
En su exposición, Segarra sostuvo que "los proyectos de resolución tienen términos imprecisos, condiciones vagas y menciones difusas", y aseguró que "la comisión de delitos no se encuentra probada", por lo que "no existe motivo alguno" para que el Congreso intervenga.
Del lado de la oposición, la legisladora Elisa Carrió, del Frente Amplio Unen, anunció que denunciará penalmente a los diputados del Frente para la Victoria que integran la comisión por "encubrimiento".
"No admitir este juicio los convierte en encubridores de los delitos que cometió Boudou", dijo, y subrayó que contra el vicepresidente existen "causales gravísimas" como "el cohecho, el enriquecimiento ilícito y el mal desempeño de sus funciones", entre otras.
El vicepresidente, que regresó el miércoles a Argentina tras haber permanecido casi una semana en el extranjero en visita oficial en Cuba y Panamá, durante la cual se dio a conocer su procesamiento, no testificará mañana ante el juez Lijo tal y como estaba previsto.
El magistrado suspendió la declaración después de que su defensa solicitara cancelar la ampliación del interrogatorio, informó el Centro de Información Judicial (Cij).
Lijo había fijado audiencia para mañana a raíz de una petición interpuesta precisamente por los abogados de Boudou para ampliar el testimonio prestado en su primera declaración por la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica, cuando era ministro de Economía (2009-2011).
La solicitud había sido presentada el pasado viernes, horas antes de que el magistrado procesara a Boudou por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo, delitos penados con hasta seis años de prisión.
El vicepresidente está acusado de haber aceptado, presuntamente, el 70 % de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica en 2010, cuando era ministro de Economía, a cambio de ayudar a la empresa a levantar un pedido de quiebra solicitado por el Fisco por deudas impositivas.
Según el juez, Boudou habría actuado junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, y a Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund, empresa que se quedó con la imprenta.
Lijo también procesó a los dueños de Ciccone por supuestamente ofrecer la cesión de acciones a cambio de ser salvados de la quiebra y de pactar contratos con el Estado para imprimir billetes y documentos.
Además procesó a un exjefe de asesores del Fisco que al parecer facilitó un plan de pagos para levantar la quiebra.
Según anticipó el miércoles el fiscal del caso, Jorge Di Lello, la Justicia argentina no elevará a juicio oral la causa antes de la segunda mitad de 2015.
La oposición quiere investigar la presunta "responsabilidad política e institucional" de Boudou "independientemente de lo que haga la Justicia".
En caso de que fuera habilitado un proceso de este tipo, se requieren dos tercios de los votos del Senado para destituir al vicepresidente, y, en las condiciones actuales, la oposición debería sumar votos del oficialismo para la aprobar la remoción.
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