Curuguaty (Paraguay), 15 jun.- Unas 400 personas acudieron hoy a un acto religioso en Curuguaty, en el norte de Paraguay, en memoria de los once campesinos y seis policías muertos hace dos años durante una ocupación de tierras, un suceso que sigue sin aclararse y que provocó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.
Familiares de los campesinos fallecidos, organizaciones de izquierda y grupos de derechos humanos asistieron este domingo a una misa oficiada por el obispo de Misiones, monseñor Mario Medina.
La ceremonia, en la que se enarbolaron banderas paraguayas y fotografías de las víctimas, se desarrolló en uno de los márgenes de la carretera que transita frente a Marina Cué, el nombre de la tierra en litigio donde el 15 de junio de 2012 se produjeron los hechos.
Entre los asistentes había representantes del izquierdista Frente Guasú, el partido de Lugo, que fue destituido días después de la masacre en un controvertido juicio político en el Legislativo en el que se le declaró culpable de mal desempeño de sus funciones.
Elida Benítez expresó a Efe el dolor que le ha dejado aquella matanza, en la que murió su hijo Andrés Castro, de 28 años, y por la que están acusados su marido, Mariano Castro, y otros dos hijos, Nestor y Adalberto Castro, todos campesinos y actualmente en arresto domiciliario.
"Cada vez que veo la foto de mi hijo y recuerdo la masacre me duele mucho", dijo Benítez, de 48 años.
Durante el acto se escucharon también proclamas exigiendo la devolución al Estado de las 2.000 hectáreas de Marina Cué y su inclusión en el programa de reforma agraria para que sean entregadas a los campesinos de la zona.
En el lugar donde transcurrió la conmemoración permanecen unas 25 familias de Curuguaty que tras la masacre se instalaron en carpas y tiendas para seguir su reivindicación.
Los campesinos de Curuguaty llevaban 15 años ocupando el terreno en discordia, que está en poder de la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado.
La última de las ocupaciones, en junio de 2012, fue seguida del despliegue de unos 300 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, tras el cual se produjeron los disparos que causaron la masacre, que a día de hoy sigue cargada de incógnitas.
Para el próximo 26 de junio está previsto que comience el juicio contra trece personas acusadas de varios cargos, nueve de ellas por el delito de intento de homicidio de los seis policías, mientras que no hay imputados por la muerte de los once campesinos.
Articulación Curuguaty, un grupo de apoyo a los acusados, pide que el proceso judicial sea anulado hasta que no se clarifique quién es el propietario de las tierras en disputa, ya que los imputados enfrentan el cargo de invasión de inmueble ajeno.
Por su parte, Benítez mostró su oposición a ese juicio y defendió la inocencia de los acusados.
"Queremos justicia. No queremos ese juicio que los va a condenar. No se merecen esto. No hay justicia para los campesinos.
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