San Salvador, 26 nov.- La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul, señaló hoy "serias interferencias", "amenazas" y "atentados" de otros poderes públicos contra el Órgano Judicial de El Salvador e instó a tratar estos problemas con "urgencia".
Knaul también expresó, al finalizar una visita de ocho días a El Salvador, su "preocupación" porque la tardanza del Parlamento en elegir al nuevo fiscal general desemboque en una nueva crisis institucional, similar a la que hubo hace unos meses por la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
"En El Salvador siguen existiendo serias interferencias de otras ramas de los poderes públicos (en la justicia), tal como se demostró en la reciente crisis institucional" por la elección de magistrados, subrayó la relatora en una rueda de prensa.
"Estas amenazas a la independencia institucional del Órgano Judicial deberían ser evaluadas y tratadas con carácter de urgencia", enfatizó.
La crisis se desató el 5 de junio pasado porque la Sala de lo Constitucional de la CSJ anuló las elecciones de magistrados hechas en 2006 y en abril por la Asamblea Legislativa, controlada actualmente por el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aliado con partidos minoritarios de derecha.
El conflicto se superó el 21 de agosto tras un acuerdo entre los partidos y el presidente Mauricio Funes.
Knaul, que se reunió con autoridades y diversos sectores, resaltó que esa crisis "socavó gravemente la independencia del Órgano Judicial y el principio de separación de poderes".
Consideró que "uno de los hechos más preocupantes (...) fue la decisión sin precedentes de la Asamblea Legislativa de presentar una demanda en contra de la Sala de lo Constitucional ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)", con sede en Managua.
La relatora manifestó que "esta decisión, además de ser cuestionable desde un punto de vista jurídico, demostró una profunda falta de respeto a la autoridad de la Sala de lo Constitucional, que es la más alta autoridad judicial de El Salvador para la interpretación de la Constitución".
"La CCJ tiene una competencia de derecho comunitario, de integración de la región centroamericana, y no es una corte supranacional constitucional (...), que quede muy claro eso", sentenció Knaul.
También refirió que durante su visita recibió "información sobre los diferentes atentados contra la Sala de lo Constitucional", por parte del Parlamento, como negarse a recibir las notificaciones de sus fallos sobre los magistrados y no publicarlos en el Diario Oficial, así como intentos de destituir a sus miembros y nombrar comisiones legislativas para investigarlos.
Reiteró estar "muy preocupada por la falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa para nombrar al nuevo fiscal general", después de que terminara el período de tres años de Romeo Barahona el 18 de septiembre pasado.
El fiscal general adjunto, Ovidio Portillo, desempeña la titularidad de la Fiscalía General de la República desde el 19 de septiembre, pero recientemente sufrió un problema de salud y el cargo lo ocupa temporalmente el auditor fiscal, Higinio Marroquín.
El nuevo fiscal no ha sido elegido por desacuerdos entre el FMLN y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Remarcó que el fiscal general es importante en la lucha contra la impunidad, la corrupción y la criminalidad, y que debe ser elegido "sobre la base de su integridad, independencia, competencia y capacidad, mediante un proceso abierto y transparente".
Knaul recomendó una futura reforma judicial en El Salvador y apuntó que presentará su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2013 en Ginebra.
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