Remiten a la juez Alaya la causa por delito fiscal del chófer de los ERE

Sevilla, 15 sep.- Los juzgados de lo penal de Jaén se han inhibido a favor de la juez sevillana del caso de los ERE, Mercedes Alaya, en la causa por delito fiscal contra Juan Francisco Trujillo, el chófer de la Junta que va a ser juzgado por no declarar a Hacienda dos ayudas de 450.000 euros.

Fuentes del caso han informado a Efe de que, a petición de la Fiscalía y el Abogado del Estado en Jaén, los juzgados de esa ciudad han considerado que el fraude en subvenciones por el que Trujillo está acusado en el caso de los ERE absorbe al delito fiscal derivado de no haber declarado esos ingresos en el impuesto de sociedades, tema que iba a ser juzgado en Jaén como provincia donde reside Trujillo.

El juzgado de lo penal 2 de Jaén, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que existe el riesgo de que, al tramitarse ambas causas por separado, se dicten también "sentencias contradictorias que generarían graves problemas de ejecución".

Por ello, cree que ambos delitos deben ser enjuiciados por el mismo tribunal, por lo que acuerda remitir la causa al juzgado de instrucción 6 de Sevilla "para su instrucción y posterior enjuiciamiento conjunto".

Trujillo confesó a Alaya haber gastado hasta 25.000 euros mensuales en cocaína para él mismo y su jefe, el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

Según la juez Alaya, Guerrero concedió a su chófer dos ayudas de 450.000 euros cada una para dos empresas inexistentes, Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, además de una ayuda de 122.649 euros para su madre.

Por estos presuntos delitos fiscales, Trujillo se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel, una multa de 99.402 euros y la devolución a la Agencia Tributaria de dos cuotas tributarias de 165.067 euros.

Además, solicita cuatro años de inhabilitación para obtener cualquier tipo de subvenciones oficiales.

Trujillo permaneció encarcelado cinco meses en 2012 en la causa principal sobre los ERE y confesó que recogió en dos ocasiones de 2007 sobres con fajos de billetes para Guerrero, haber hecho facturas falsas por trabajos inexistentes y haber falsificado dos contratos de trabajo con empresarios amigos suyos para cobrar el paro.

Tanto la Fiscalía de Jaén como la Abogacía del Estado, en sendos informes, sostuvieron que el "delito fuente" en este caso es el presunto fraude en subvenciones que investiga la juez Alaya, por lo que ambas causas debían instruirse en Sevilla.

La juez de Jaén recuerda en su auto que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, "la presunta ilicitud de la procedencia de los bienes no exime del delito fiscal".