Repudian reclutamiento y muerte de niños soldado en Paraguay

Asunción, 28 sep.- Organizaciones civiles dedicadas a la protección de la infancia repudiaron hoy el reclutamiento de niños soldado por parte de la guerrilla paraguaya y el fallecimiento de un adolescente de 15 años en el último enfrentamiento entre el Ejército y uno de los grupos armados que operan en el país.

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) en Paraguay criticaron en un comunicado que el Gobierno considere "exitoso" un operativo donde fueron abatidas "tres personas de 23, 21 y 20 años de edad y un adolescente de 15 años".

"Pese al reconocimiento de las autoridades de que personas jóvenes y menores de edad están siendo reclutadas, hasta el momento no han señalado qué medidas tomarán con la finalidad de responder a esta situación", manifestaron las organizaciones.

Las Fuerzas Armadas paraguayas mataron hace dos semanas a cuatro supuestos miembros de la Agrupación Campesina Armada (ACA), una reciente escisión del Ejercito del Pueblo paraguayo (EPP), según las autoridades.

Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), formada por policías, militares y agentes antinarcóticos para combatir a la guerrilla, atacaron un campamento en un operativo aéreo y terrestre, donde mataron a tres personas, que el Gobierno identificó como miembros de la ACA.

Otros individuos lograron escapar dejando en su huida armamento y munición. Un día más tarde un cuarto supuesto integrante del grupo fue abatido por la FTC en una zona boscosa cercana al distrito de Arroyito, en el departamento de Concepción.

Desde entonces la FTC, prosigue batiendo la zona en busca de más guerrilleros. La encrucijada formada por los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, es considerada por las autoridades como la región de influencia de la guerrilla, pues es donde han sucedido más acciones atribuidas a ellos por el Gobierno.

Situada a unos 400 kilómetros al norte de Asunción y a menos de 200 kilómetros de la frontera con Brasil, es también el área con mas movimiento del narcotráfico de marihuana y cocaína, según la Secretaría Antidrogas paraguaya (Senad).

El EPP es un grupo armado al que el Gobierno achaca unos 30 muertos y varios secuestros, incluido el rapto el pasado 2 de abril de Arlan Fick, de 16 años, y del policía Edelio Morínigo, de 24 años, el pasado 5 de julio.

Las ONG pidieron al Gobierno de Horacio Cartes que aborde la situación "conforme a los compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia de protección de la niñez y la adolescencia".

También destacaron que en recientes declaraciones, el viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, consideró que el reclutamiento de menores de edad "es responsabilidad de los padres y la Justicia podría actuar en contra de ellos"

"Sin referirse a la responsabilidad del Estado paraguayo", por lo que pidieron que se reconozca a los menores reclutados como víctimas del conflicto junto con sus familias.

Las organizaciones protectoras de la infancia recordaron en su comunicado que el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño exhorta a los gobiernos a que tomen "todas las medidas posibles a fin de velar para que ningún niño, niña o adolescente participe directamente en conflictos armados".

"El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de cualquier fuerza o grupo armado, regular o irregular, con independencia de las labores que desempeñe es una forma de migración forzada que vulnera directamente el ejercicio de sus derechos como ciudadanos, afectando gravemente su desarrollo integral", añadieron.

La CDIA y el SERPAJ repudiaron "la criminalidad ejercida tanto por el EPP, la ACA, así como otras personas y, o grupos que cometen hechos criminales" y destacaron que "el Estado paraguayo es responsable de la situación de reclutamiento forzado y muertes de adolescentes por grupos no estatales en la zona norte del país".

"El reclutamiento de adolescentes por grupos distintos a las Fuerzas Armadas es un fenómeno nuevo para nosotros, a pesar de que organizaciones como el Serpaj y otros miembros de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, venían advirtiendo que Paraguay debía tomar medidas para evitar que este fenómeno se instalara", observaron.