Respaldo unánime a la juez Alaya tras los abucheos de los sindicalistas

Sevilla, 11 oct.- La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha recibido hoy el respaldo del Gobierno, de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras los abucheos de sindicalistas que sufrió ayer frente a la sede judicial, donde hoy ha continuado con las declaraciones.

La magistrada fue abucheada a su llegada a los juzgados de Sevilla por un grupo de sindicalistas en una acción que para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "no es admisible en ninguno de los casos".

En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha pedido que se respete la labor de la juez Alaya y ha emplazado a los sindicalistas a "respetar las resoluciones judiciales" y si no están de acuerdo, ha precisado, "ahí está la vía del recurso, no la del recurso al abucheo".

En la misma línea se ha expresado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha afeado los abucheos y ha resaltado la "imparcialidad" e "independencia" con la que la magistrada está llevando a cabo la instrucción.

Con "todo el respeto" a una institución "tan importante" como es un sindicato y a su derecho a manifestar cualquier opinión crítica a una decisión judicial, Torres-Dulce ha rechazado "terminantemente" la forma en que se llevó a cabo esa protesta.

Más crítico ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha advertido de que la actitud de ayer de decenas de sindicalistas a las puertas de los juzgados donde comparecían dirigentes de UGT y CCOO por el caso de los ERE "revelan una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de derecho".

Por otra parte, la juez ha imputado hoy presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación y tráfico de influencias al exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, quien ha alegado que le culpan de unas ayudas que figuran en un listado manuscrito cuya letra no reconoce.

Dicho documento, según ha informado a Efe su letrado, puede proceder de los registros de la Guardia Civil en la sede de la Dirección General de Trabajo en Sevilla.

La magistrada ha dejado al imputado en libertad con cargos y con la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días y de depositar su pasaporte, mientras que Anticorrupción ha pedido una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros, equivalente a las ayudas que le imputan.

Díaz Alcaraz está acusado de haber hecho valer sus influencias como asesor de la Dirección General de Trabajo de la Junta para introducir varios intrusos en la empresa sevillana Saldauto.

En un comunicado, el abogado de Díaz Alcaraz, Manuel Navarro Lledó, hace referencia a un documento de la Junta de Andalucía aportado a la causa a requerimiento de la Fiscalía que afirma que Díaz Alcaraz "no tenía ninguna capacidad de decisión, no podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba" las ayudas.

Un atestado de la Guardia Civil asegura que en el caso de los ERE "existía claramente una voluntad de disfrazar las ayudas directas a empresas como ayudas sociolaborales" y, en el caso de la sociedad Saldauto, dice que recibió una "subvención directa camuflada".

El informe analiza las cuatro ayudas que recibió Saldauto, una de las cuales, por importe de 200.000 euros concedida en el 2008, contravenía la normativa de la UE que prohíbe las ayudas "que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones".

En el atestado, la Guardia Civil afirmó que Díaz Alcaraz "hizo valer su influencia" como asesor de Guerrero para que se otorgara esa ayuda directa a Saldauto porque el marido de su exsecretaria en la UGT, Josefa Navarrete, era delegado sindical de la empresa.