Rigau entró antes de las 10H00 (08H00 GMT) en el Tribunal Superior de Justicia (TSJC), rodeada hasta su llegada al edificio por una cincuentena de personas, entre ellas buena parte del ejecutivo catalán y de otros dirigentes separatistas.
La comparecencia, en que le fue notificada su imputación por desobediencia civil y malversación de fondos públicos, duró casi una hora.
Junto al presidente catalán saliente Artur Mas y su entonces vicepresidenta Joana Ortega, Rigau había sido convocada a esta audiencia el 29 de septiembre, dos días después de unas elecciones regionales anticipadas que los independentistas presentaron como un plebiscito sobre la separación.
Ortega debía comparecer el martes por la tarde y Mas, el jueves. Los tres están imputados por haber organizado el 9 de noviembre de 2014 una consulta simbólica sobre la independencia de esta rica región de 7,5 millones de habitantes.
Aquella consulta, sin valor legal, pretendió reemplazar al referéndum férreamente rechazado por el gobierno conservador español de Mariano Rajoy.
También había sido prohibida por el Tribunal Constitucional, por considerar que la Carta Magna impide organizar consultas regionales sobre temas que conciernen al conjunto del país.
El Constitucional, cuyo magistrados son nombrados por el poder, está compuesto mayoritariamente por conservadores, que los independentistas sospechan cercanos al ejecutivo de Rajoy.
Unos 2,3 millones de personas había participado en la consulta y 1,9 millones (80%) votó por la independencia.
A la salida, Rigau aseguró: "No dictamos ninguna resolución ni dimos ninguna orden ni instrucción" a los directores de escuela para que organizasen la votación, realizada por voluntarios.
Mas había afirmado en su momento que asumía toda responsabilidad, considerando que se trató de un acto democrático.
Cientos de militantes independentistas acudieron al TSJC como muestra de solidaridad cantando el himno catalán.
La coalición separatista Junts pel Si, ganadora de las elecciones del 27 de septiembre, con 62 de los 135 escaños, continúa negociando con la otra lista independentista, la anticapitalista CUP (10 parlamentarios), para formar un gobierno cuyo programa será llevar a la región a la secesión en 2017 como muy tarde.
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