Rsc. Tres de cada diez directivos españoles justifican los regalos para conseguir un negocio

Casi tres de cada diez directivos españoles justifican los regalos para conseguir un negocio, según el informe Global Fraud Survey 2012 elaborado por Ernst & Young que se centra en cómo las empresas han hecho frente al riesgo de fraude y corrupción durante la crisis.

Este dato se une al hecho preocupante de que el 94 por ciento de los mismos considera que la dirección de la compañía estaría dispuesta a tomar atajos para conseguir sus objetivos cuando la media de Europa es del 56 por ciento.
La intensidad de la crisis sigue siendo para algunos directivos la coartada perfecta para justificar conductas poco éticas en el mundo de los negocios, según los autores del informe.
Además, pese a que el 60 por ciento de los directivos consultados en España opina que las prácticas corruptas en el entorno empresarial no se producen en nuestro país, el 34 por ciento sí las reconoce como habituales dentro de nuestras fronteras, una cifra superior al 22 por ciento de la media de Europa.
Algunos directivos se apoyan en la presión por conseguir objetivos en un contexto de crisis económica para incumplir las normas internas de las empresas y las leyes.
En concreto, el informe muestra un preocupante aumento del uso de los regalos relacionados con el ocio y el entretenimiento para conseguir un contrato: así lo afirmaron el 26 por ciento, diez puntos más que en el anterior informe; también crece el porcentaje de quiénes no ponen objeción al uso de regalos personales para conseguir un negocio, del 2 por ciento al 12 por ciento. Sin embargo, los pagos en metálico han descendido del 18 por ciento al 12 por ciento en el mismo periodo.
“Lejos de bajar la guardia, las empresas deberían reforzar la eficiencia de sus sistemas de prevención. Esta recomendación también es extensible para quienes invierten en mercados emergentes donde la amenaza es mayor si cabe que en Europa Occidental y, además, cuyas consecuencias también pueden ser muy negativas para el crecimiento internacional de la compañía, explica Ricardo Noreña, Socio Responsable de Forensic de Ernst & Young.
Los riesgos de los mercados emergentes
Las empresas de todo el mundo, incluidas las españolas, han encontrado en los mercados emergentes la alternativa para impulsar sus ingresos. Sin embargo, sólo el 46 por ciento de los españoles consultados en el informe reconoce que esta expansión conlleva también una serie de riesgos relacionados con el fraude y la corrupción, por debajo del 61 por ciento registrado de media en Europa Occidental.
Una de las principales amenazas es la relativa a la responsabilidad de la empresa ante la implicación de terceras partes que puedan actuar en su nombre como, por ejemplo, los agentes comerciales contratados para abrir negocio en nuevos mercados.
En este sentido, el 26 por ciento de los españoles no considera que ello les genere problemas ya que no entraría dentro de su responsabilidad el delito que pueda cometer un intermediario. Sin embargo, el 36 por ciento sí considera que su empresa podría verse afectada por una actuación fraudulenta de terceras partes.
A la hora de gestionar la relación con los intermediarios, las empresas españolas optan, principalmente, por la comprobación de los antecedentes de terceros, por las bases de datos de proveedores aprobados, así como por la verificación de quiénes son los propietarios de la sociedad que tiene relación con la compañía, si bien en un porcentaje menor que la media de Europa Occidental.
Con el fin de prevenir las prácticas fraudulentas, la mayoría de las compañías afirma haber establecido controles para ello, sin embargo, su efectividad se ve en entredicho según los resultados del informe. El 86 por ciento de los consultados en España considera que la dirección de la empresa ha comunicado claramente su compromiso para prevenir la corrupción y el 74 por ciento asegura que dispone de un código de conducta y de políticas anticorrupción que, además, establece las sanciones para quienes las vulneren. Sin embargo, sólo uno de cada dos directivos tiene la impresión de que un empleado es sancionado por la empresa cuando infringe las normas.