Sáhara. Cuatro ong piden a zapatero que no venda armas a marruecos

La campaña "Armas bajo Control", a la que pertenecen Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, reclamó este martes al Gobierno español que suspenda de forma preventiva las ventas autorizadas y aún no ejecutadas (unos 50 millones de euros en aeronaves) a Marruecos hasta que no se investigue de forma independiente el ataque marroquí al campamento de Gdeym Izik (Sáhara Occidental).
Además, estas ONG pidieron al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que garantice que las armas españolas vendidas a Marruecos en 2009 y 2010 no se están usando en el Sáhara Occidental "para cometer violaciones de derechos humanos".
La campaña "Armas bajo Control" mostró su preocupación ante la posibilidad de que las armas utilizadas por las fuerzas marroquíes para asaltar el campamento saharaui puedan ser de procedencia española.
Las cuatro ONG aseguraron que España vendió armas a Marruecos por valor de más de 30 millones de euros en 2009, entre ellos 28 millones en vehículos todoterreno y 1,7 millones en aviones, además de autorizar otros 50 millones más en aeronaves.
Añadieron que en el primer semestre de este año las ventas de material de defensa llegaron a los 4,13 millones de euros: 3,4 millones en un buque, 564.484 euros en cartuchos para escopetas y rifles con cañón de ánima lisa, 110.000 euros en componentes de armas de guerra, 14.814 euros en escopetas y rifles de caza o de tiro deportivo y 6.401 en componentes y accesorios de diversos artículos.
"Armas bajo Control" subrayó que se desconoce qué garantías ha recibido el Gobierno español de que este material no iba a ser utilizado en acciones que pudieran vulnerar los derechos humanos.
Marruecos aumentó el año pasado los ataques contra la libertad de expresión, asociación y reunión en relación con temas considerados sensibles para la seguridad del Estado y las autoridades intensificaron las restricciones impuestas a quienes defendían la autodeterminación del Sáhara Occidental, según Amnistía Internacional.