Sánchez de León cree que la apertura del juicio a Camps no implicaría responsabilidad política

Valencia.- La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ha afirmado hoy que la posible apertura de juicio oral contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un delito de cohecho sería "una parte más de un proceso", sin que de ahí se tenga que derivar "una responsabilidad política".

Así lo ha afirmado Sánchez de León en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntada por los posibles escenarios en caso de que Camps debiera dar cuenta ante un tribunal por su implicación en el caso "Gürtel".

"Si finalmente se dicta un auto para abrir juicio oral, es una parte más del proceso, como cualquier otro proceso judicial, no más significativo que eso, y no entiendo en ningún caso que de ahí tenga que derivar una responsabilidad política", ha asegurado.

Para la portavoz, se trataría de "un juicio en el que se dictará una sentencia", que el PP está convencido de que será "absolutoria" porque "no hay delito, y donde no hay delito no se puede derivar condena", por lo que plantarse otra hipótesis es "absurdo".

Sánchez de León ha manifestado que cualquier proceso judicial tiene "un inicio y un final siempre", y en estos momentos la causa que afecta a al president de la Generalitat se encuentra "en ese ínterin que se ha producido para poder hacer toda esta sangre que se está haciendo del caso".

Preguntada sobre si Camps cree que un éxito en las elecciones del 22 de mayo limpiaría cualquier responsabilidad penal, la portavoz del Gobierno valenciano ha afirmado que nunca se ha dicho eso, sino que siempre se ha mantenido que no hay "responsabilidad penal".

"Aquí hay un grupo de gente que ha tratado de involucrar al señor Camps por motivos políticos en una presunta trama de corrupción en la que él no tiene nada que ver", ha criticado, para asegurar que todo ha sido "un montaje" en el que se han utilizado las instituciones del Estado.

Respecto al momento en que podría producirse el juicio, Sánchez de León cree que por plazos será después de las elecciones autonómicas de mayo, por tratarse de un proceso "complejísimo".

Asimismo, ha afirmado que este caso y el de los ERE irregulares de Andalucía son "absolutamente incomparables", al ser preguntada por ello, ya que, a su juicio, el primero es "una acusación rocambolesca", y el segundo podría calificarse como "uno de los supuestos de mayor fraude a la Hacienda Pública de la historia de España".

En el caso de Camps, ha dicho, "se trata de una persecución política, no jurídica, para la que se han utilizado todos los instrumentos del Estado" y que ha supuesto una "quiebra del Estado de Derecho", mientras que la causa abierta en Andalucía es un "supuesto serio y muy preocupante para España".