Sarkozy sabrá hoy si la Justicia invalida como prueba sus polémicas agendas

París, 11 mar.- El Tribunal Supremo francés decide hoy si invalida como prueba judicial unas agendas del expresidente Nicolas Sarkozy que pueden implicarle en un caso de financiación ilegal de la campaña que le llevó al Palacio del Elíseo en 2007.

Los magistrados deben decidir si aceptan o no esas agendas, donde supuestamente Sarkozy anotó las citas con la multimillonaria dueña de L'Oréal, Liliane Bettencourt, en las que había recibido dinero negro.

También podían resultar importantes en la investigación sobre la indemnización de 403 millones de euros que un tribunal de arbitraje acordó en 2008 a Bernard Tapie por la venta de Adidas.

Se sospecha que Sarkozy pudo intervenir para que el dictamen fuera favorable al empresario, que de esa forma ganó un pleito de casi dos décadas contra el Estado francés.

La defensa del expresidente conservador sostiene que, en virtud del artículo 67 de la Constitución francesa, el jefe del Estado "no puede ser objeto de ninguna acción, acto de información, de instrucción o de diligencias judiciales" durante su mandato, por lo que esas agendas no tendrían validez legal.

La decisión del Supremo sobre las agendas le importa mucho al expresidente francés y su gestión le ha costado otra investigación judicial, esta vez por presunto tráfico de influencias, con lo que se eleva a seis el número de casos distintos en los que está implicado.

Recientemente se supo que la fiscalía había pinchado el teléfono de Sarkozy dentro de otra investigación, esta por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial por parte del dictador libio Muamar el Gadafi.

Y a través de esas escuchas se encontraron indicios de que Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, podrían estar presionando a un magistrado del Tribunal Supremo para que les facilitara información bajo secreto de sumario sobre las agendas, a cambio de favorecer su carrera judicial.

El pinchazo del teléfono al expresidente y su letrado ha generado polémica entre los abogados en Francia, que ven una posible vulneración del derecho a la defensa.

La ministra de Justicia, Christiane Taubira, zanjó ayer el tema diciendo que no pensaba garantizar la impunidad de nadie porque ejerciera una profesión en particular.