Secretarios judiciales ven insuficientes los presupuestos de Justicia de 2014

Madrid, 7 oct.- El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha estimado hoy que los presupuestos destinados a la Administración de Justicia para 2014 son "insuficientes" para mantener la estructura actual.

Con estas palabras han respondido en un comunicado a la comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, junto a otros altos cargos del Ministerio, para exponer las líneas maestras de las cuentas del Departamento para el próximo año.

Para el SISEJ, los presupuestos de Justicia para 2014 y, en concreto, las partidas dedicadas a modernización y tecnología, "condenan a la ineficacia cualquier medida legislativa de calado organizativo".

La implantación de los tribunales de instancia, la reordenación de partidos judiciales o la puesta en marcha de oficinas judiciales no podrán llevarse a cabo sin nuevas inversiones, según el colectivo de secretarios judiciales.

Esta organización sindical ha criticado la "absoluta falta de modelo" del actual equipo ministerial y la "paralización" de la transformación y modernización del servicio público de la Justicia en los dos últimos años.

El SISEJ ha resaltado que las reformas procesales y el proceso de modernización que han otorgado competencias a los secretarios judiciales han supuesto una descarga del trabajo de jueces y magistrados, que debería haber favorecido un incremento de las resoluciones judiciales y un aumento en la tasa de resolución de asuntos.

Según este sindicato, el nuevo modelo de organización judicial está obteniendo resultados significativos en las ciudades piloto, como Cuenca, Burgos, Ciudad Real o Cáceres.

El SISEJ ha denunciado además la determinación de los responsables del Ministerio de Justicia de avanzar hacia "la privatización" del servicio público en materia de actos de comunicación.

Ha discrepado del anuncio de otorgar competencias a profesionales liberales para realizar actos de comunicación oficiales hasta ahora a cargo de funcionarios públicos, aunque sea bajo la cobertura jurídica de una figura como el mandato.