Madrid, 27 mar.- El Senado ha dado hoy luz verde definitiva, con los votos del PP, al Proyecto de Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que ha recibido las críticas de los grupos de la oposición al considerar que no aborda cuestiones claves para proteger los derechos de la ciudadanía en este ámbito.
El PP ha rechazado tanto los cinco vetos presentados al texto por PSOE, la Entesa (uno del PSC y otro de ICV), IU y ERC como las 249 enmiendas registradas -entre ellas las de equiparar la regulación del cigarrillo electrónico a la del tabaco- por lo que el texto final no tendrá que pasar de nuevo por el Congreso.
Durante el debate parlamentario, la oposición ha recriminado al PP que haya rechazado todas sus propuestas en el Senado y haya dejado pasar, en su opinión, una oportunidad para mejorar la ley y proteger de forma más efectiva a los consumidores y usuarios.
También, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, los grupos han reprochado a los 'populares' que haya aprovechado esta ley, que traspone una directiva europea, para introducir enmiendas durante la tramitación en el Congreso relativas a otras materias como los requisitos para ejercer una profesión sanitaria o el coste de la producción de energía.
Entre otras cosas, la ley aprobada amplía el plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato a un mínimo de catorce días naturales, que en el caso de no recibir la información precisa, se amplía a doce meses.
En los contratos telefónicos, el consumidor sólo quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, fax, correos electrónico o sms.
Además, entre otros, limita el denominado "spam telefónico", de forma que los consumidores podrán decidir, desde la primera llamada, que no quieren recibir más ofertas, y se prohíben las llamadas comerciales de 21.00 a 9.00 horas, así como los fines de semana y festivos.
Sobre la regulación de los cigarrillos electrónicos, el texto prohíbe su uso en centros sanitarios, zonas educativas e infantiles, en el transporte público y en el ámbito de las administraciones públicas.
La senadora del PP Carmen Riolobos ha dicho que la ley "es buena" y protegerá "de forma intensa" los derechos de los consumidores, ha opinado que los vetos a la norma presentados por los grupos están faltos de argumentos, al tiempo que ha estimado que España es pionera en regular el cigarrillo electrónico.
Asimismo, Riolobos ha indicado que ya en el Congreso, se aprobaron 56 enmiendas a la ley.
Desde el PSOE, la senadora Encarna Llinares ha lamentado la "falta de voluntad política" del PP, ha considerado que ésta es una "oportunidad perdida" al no abordar el texto cuestiones "claves" y ha acusado al PP de "banalizar" el consumo del cigarro electrónico.
La senadora de CiU Coralí Cunyat ha señalado que la ley "queda muy por debajo" y "es una auténtica decepción" porque debería blindar los derechos de los consumidores, algo que, a su juicio, no se ha conseguido, por lo que ha lamentado no haber presentado un veto a la misma.
Monica Almiñana, de la Entesa, ha estimado que lo aprobado es "una legislación de mínimos" y no recoge las mejoras necesarias en este ámbito, además, ha mostrado su decepción por la "insuficiente" regulación del cigarrillo electrónico.
El senador del PNV José María Cazalis ha subrayado que el texto modifica "un rosario" de normas que "en su mayor parte poco o nada tienen que ver con la defensa de los consumidores" y ha criticado que el PP haya hecho uso de su mayoría absoluta para no aprobar enmiendas.
Por su parte, el senador de IU Jesús Iglesias ha destacado que la ley "no da la respuesta adecuada" a la realidad de los ciudadanos.
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