Asunción, 10 dic.- El Senado paraguayo juzgará a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia acusados hoy por la Cámara de Diputados de "mal desempeño de funciones y comisión de delitos comunes", en una sesión extraordinaria celebrada dos semanas después de la dimisión de otro de los 9 miembros del máximo tribunal.
Las principales fuerzas políticas del país, el gobernante Partido Colorado y el opositor Partido Liberal, votaron a favor de que el Senado juzgue a los magistrados Miguel Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay.
A Blanco le atribuyeron "fallos contra la Constitución Nacional y el interés general", también de "estar involucrado en un caso de ignorancia de la ley", y en otro de venta ilegal de tierra publicas, según el texto acusatorio presentado por los diputados.
La Cámara baja consideró que Bajac, por su parte, incurrió en la "utilización de la mentira" para acceder al cargo, y le acusaron, entre otras cosas, de dejar en libertad a un capo de la mafia china de Ciudad del Este.
De Garay dijeron que tiene una "excesiva e irritante morosidad" y le calificaron de "inoperante" en la producción de sentencias.
De los 77 diputados presentes, de un total de 80, la mayoría decidió apoyar el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia y rechazaron someter al mismo proceso al titular del Tribunal de Justicia Electoral (TSJE), Alberto Ramírez Zambonini, que también fue propuesto.
Ahora el Senado debe convocar el juicio político en fecha a determinar, cuando se erigirá como tribunal para juzgar a los magistrados como prevé la Constitución. Allí los acusados tendrán su tiempo para la defensa.
La última renovación de la Corte Suprema de Justicia se produjo en 2003 cuando siete miembros fueron removidos en otro juicio político en el Congreso.
Hace dos semanas, Víctor Núñez, otro juez de la Corte Suprema, renunció tras ser acusado por la prensa local de tener supuestamente vínculos con un clan de narcotraficantes responsable del reciente asesinato de un periodista y su asistente.
Núñez era presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema cuando la Justicia puso en libertad en 2011 a Vilmar Acosta, un exalcalde del oficialista Partido Colorado.
Acosta está acusado ahora por la Fiscalía de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Pablo Medina y de su asistente, Antonia Almada, ocurrido en octubre.
La falta de avances en la investigación del doble asesinato y la salida a la luz de un informe de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, que relaciona a varios congresistas con organizaciones de narcotraficantes, precipitaron que el Senado abra su propia pesquisa y propusiera la realización del juicio.
La dimisión de Núñez, tras once años en el puesto, aceleró el proceso contra Bajac, Blanco y Garay, que llevan el mismo tiempo, cuando la Constitución prevé períodos de cinco años.
"En esta década la Justicia no ha cumplido su rol como se espera de ella. Necesitamos un cambio profundo en el Poder Judicial, además de renovar a los hombres a la par hay que realizar una reforma estructural en ese poder", sostuvo el diputado colorado Ramón Romero Roa durante el debate, que duró unas cuatro horas.
Por su parte, el diputado del Partido Liberal Víctor Ríos consideró el debate "trascendental y neurálgico para el Estado de derecho".
La última vez que el Congreso promovió un juicio político fue en junio de 2012 al entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por "mal desempeño de sus funciones".
Ello provocó una crisis política y diplomática hasta la toma de posesión del actual gobernante, Horacio Cartes, en agosto de 2013.
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