Madrid, 8 may.- El Pleno del Senado ha aprobado hoy, con los votos del PP y de CiU, una moción que insta al Gobierno a elaborar una ley orgánica que regule el procedimiento de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria con el objetivo de clarificar sus competencias.
El senador del PP Manuel Altava ha defendido la moción con el argumento de que, si bien existe una amplia legislación que regula diferentes aspectos de funcionamiento de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, "falta un cuerpo procesal completo" que específicamente aborde las competencias de los mismos.
Altava ha destacado que la futura ley "redundará en una claridad procedimental", algo necesario tanto para los propios Juzgados como para los reclusos y la administración penitenciaria.
En este línea, ha recordado que desde que en 1981 diecisiete magistrados comenzaron a ejercer las funciones de jueces de vigilancia penitenciaria persisten "dos problemas cruciales".
El primero, ha dicho, es que no están bien precisados los ámbitos resolutivos de estos juzgados respecto a los tribunales sentenciadores en lo referente a la ejecución de las penas de prisión, y el segundo problema es que no existen normas procesales adecuadas sobre el procedimiento a seguir en estos órganos.
Según Altava, la nueva normativa regulará los problemas competenciales entre los Juzgados de vigilancia penitenciaria y los tribunales penales de ejecución.
El senador popular ha propuesto que la ley pueda incluir la creación de un sección especial en los tribunales superiores de justicia que unifique doctrina y evite resoluciones contradictorias entre magistrados o la existencia de centros penitenciarios más benignos que otros.
La moción aprobada defiende también que la futura normativa detalle el procedimiento a seguir, que deberá ser "sencillo" y responder a los principios de "celeridad, economía y flexibilidad", al tiempo que deberá dirimir quien tendrá la potestad para recurrir las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria.
Además, el proyecto de ley tendrá que determinar el papel de letrados y procuradores en los procedimientos penitenciarios, las visitas judiciales, los procesos de libertad condicional y su revocación, la libertad condicional de presos ancianos y enfermos o los permisos de salida, entre otras cuestiones.
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