Asunción, 15 dic.- Dieciocho de los 45 senadores paraguayos propusieron hoy al Gobierno y a los partidos políticos un gran acuerdo para realizar "reformas estructurales" en el Poder Judicial, sin limitarse al juicio político previsto contra tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La propuesta, recogida en un documento que fue presentado a los periodistas en la Cámara alta, apuesta por "un debate abierto y transparente que defina los cambios urgentes que requiere el sistema de Justicia".
Los firmantes son senadores de los opositores Frente Guasú, Partido Liberal, Partido Demócrata Progresista (PDP), Avanza País (AP) y Partido Encuentro Nacional (PEN), a quienes se sumaron tres del gobernante Partido Colorado
El grupo de senadores asegura "coincidir plenamente" con el juicio político contra los tres magistrados de la CSJ que fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, y que deberá celebrarse en el Senado en fecha por acordar.
Sin embargo dijeron sentirse "preocupados por la forma irresponsable y autoritaria" en que según ellos se ha promovido ese juicio desde el partido oficialista, con el apoyo de la mayoría del Partido Liberal, principal formación opositora.
La Cámara alta requiere de un mínimo de 30 votos para que se apruebe el inicio del juicio parlamentario a tres de los nueve miembros de la CSJ, después de la reciente renuncia de un cuarto juez que fue acusado por la prensa de vínculos con el narcotráfico.
Sin embargo, el curso legislativo finaliza la próxima y la actividad parlamentaría quedará postergada hasta principios de marzo.
Según el documento difundido por los senadores, el juicio "no busca más que seguir poniendo de rodillas a nuevos ministros ante el poder político de turno".
"Que la reforma del Poder Judicial no se convierta en una retorcida maniobra para preservar el poder de los oscuros intereses del crimen organizado sobre la Justicia", dice el texto.
Los legisladores pidieron que mientras se lleva a cabo el juicio "a los ministros que se hayan hecho merecedores de ello, uno a uno y con pleno respeto a las garantías procesales", se acuerde "un mecanismo de transición" para el nombramiento de nuevos miembros de la más alta instancia judicial.
Los firmantes dijeron que "no es posible continuar con el actual modelo de Justicia, basado en el Código de Organización Judicial del año 1981", anterior a la Constitución que data de 1992, nacida tras un golpe de Estado que depuso al dictador Alfredo Stroessner (1954-1989).
"Este modelo de despacho de la época colonial se convirtió en una pesada maquinaria obsoleta, burocrática, atomizada y disfuncional, caldo de cultivo para la corrupción", dice el texto.
Para los legisladores, se debe fortalecer la independencia del Poder Judicial, la cualificación, pluralidad e inamovilidad de los magistrados y una organización eficaz para realizar su cometido.
Piden crear una comisión que estudie las leyes que regulan el Poder Judicial y que en seis meses, con la participación de la ciudadanía, se propongan los cambios necesarios del marco constitucional y los proyectos de leyes que modifiquen el actual funcionamiento del sistema de justicia.
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