Panamá, 4 oct.- La jueza panameña Yorlenni Fruto se acogió hoy al término legal de 30 días para sentenciar a la líder opositora Balbina Herrera, acusada de filtrar correos electrónicos personales del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
"Si la jueza acepta las recomendaciones de mis abogados, debe declararme inocente, porque realmente no hay nada", señaló Herrera a los periodistas después de la audiencia dirigida por Fruto, que duró aproximadamente tres horas.
Herrera, excandidata presidencial por el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), está acusada, junto con el empresario italiano Mauro Velocci, de revelar correos electrónicos con conversaciones personales del mandatario.
Indicó que el Gobierno está utilizando a la Justicia para "acallar las voces" de las personas que se le oponen, pero que esta situación no va durar mucho tiempo.
"Más temprano que tarde, se va a saber toda la verdad", afirmó.
Sobre la audiencia, Herrera indicó que sus representantes legales hicieron lo que en "estricto derecho" tenían que hacer, y que le toca ahora a la jueza Fruto dictar la sentencia.
Los correos electrónicos revelados a la televisión panameña son de supuestas conversaciones entre Martinelli y el empresario italiano Valter Lavitola, procesado en Italia por el delito de corrupción internacional en conexión con el escándalo de Finnmecanica, que salpicó a Panamá.
En el marco de la investigación contra Lavitola, se filtraron a la prensa italiana y panameña unas declaraciones que supuestamente involucraban a Martinelli y a otros funcionarios panameños en una trama de sobornos a cambio de contratos, lo que el mandatario rechazó pero le generó críticas en el país centroamericano.
En abril de 2012, Martinelli dijo no tener nada que ver con el caso de corrupción en Italia e insistió en que lo filtrado a la prensa sobre los sobornos pagados por Lavitola en Panamá es una "telenovela" y desacreditó al supuesto promotor de esas versiones, el empresario italiano Mauro Velocci, quien está en su país.
Velocci es un exgerente de la empresa Svemark, que ofreció a Panamá construir cárceles modulares en un proyecto que no prosperó porque era muy costoso, según explicó en su momento Martinelli.
El 19 de julio pasado, tras salir de la audiencia preliminar, Herrera atribuyó este proceso a una "persecución política" y afirmó que la persona que la denunció inicialmente recibió "como premio" la Procuraduría General de la Nación.
La actual procuradora, Ana Belfon, era la directora de asuntos jurídicos del Ejecutivo cuando denunció a Herrera, mientras que la nueva querella que generó el llamamiento a juicio fue interpuesta por el abogado Rosendo Rivera, también en nombre de Martinelli.
Panamá e Italia suscribieron en 2010 un convenio de cooperación bilateral que incluyó la firma de un contrato por unos 250 millones de dólares entre el país centroamericano y el conglomerado estatal italiano Finmeccanica para la compra de 19 radares, seis helicópteros y un mapa digital.
Como parte de este convenio, Italia donó seis lanchas a Panamá, cuatro de las cuales llegaron al país en mayo de 2012.
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