Tegucigalpa, 31 oct.- El jefe de la Policía en Tegucigalpa, Jorge Barralaga, fue separado del cargo hoy para su investigación, después de haber autorizado un permiso de salida a cuatro miembros de la institución implicados en la muerte de dos universitarios el pasado día 22.
Así lo informó el jefe de Asuntos Internos de la Policía, Santos Simeón Núñez, quien, en declaraciones a periodistas, no precisó detalles sobre el caso.
La investigación continúa y la Policía busca a los cuatro miembros de la institución involucrados en el crimen, agregó.
Los implicados en la muerte de los universitarios Carlos Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos salieron el pasado viernes con permiso de la unidad a la que estaban asignados, a la que debieron regresar el domingo, aún cuando ya habían sido denunciados como presuntos responsables del doble crimen.
Los estudiantes fueron asesinados después de una persecución policial que al parecer se habría originado porque no atendieron un requerimiento en un retén, según lo que ha trascendido.
Vargas Castellanos era hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, quien hoy dijo en entrevista con un canal de la televisión local que los policías primero mataron a su hijo y después a su amigo Carlos.
"No es posible que aquí las autoridades le den la espalda a los problemas", subrayó indignada la rectora de la Unah, quien además señaló que autoridades de la Secretaría de Seguridad están protegiendo a oficiales de los altos mandos de la Policía.
El domingo, Castellanos indicó a Efe que estaba indignada porque la misma policía ha dejado escapar a los cuatro implicados en la muerte de los dos universitarios.
Los cuatro miembros de la institución huyeron después de que el presidente hondureño, Porfirio Lobo, el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y el fiscal general del Estado, Luis Rubí, le prometieron que los involucrados no escaparían de la justicia, indicó la rectora.
La Policía de Honduras desde hace varios años ha sido salpicada por denuncias de corrupción por parte de agentes y oficiales involucrados en tráfico de drogas, robo de vehículos y violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, entre otros delitos.
Sin embargo, pocas veces como hasta ahora se han presentado evidencias contundentes sobre la participación de policías en crímenes.
En el caso de los universitarios, una de las patrullas de la Policía involucradas en el asesinato tenía manchas de sangre que, según denunció la rectora de la Unah, las pruebas de ADN demostraron que se trataba de sangre de su hijo.
La Policía reconoció la semana pasada que el subinspector Carlos Galeas Cruz y los agentes Wilfredo Figueroa Velásquez, Arnulfo Padilla Rodríguez y José Rubén Pozo están implicados en el crimen de los universitarios.
El domingo, oficiales de la Policía y el fiscal general se acusaron mutuamente en otro canal de televisión de no haber cumplido cada quien con toda su responsabilidad, como el requerimiento fiscal necesario para haber dictado una orden de captura contra los cuatro implicados en el crimen para que no escaparan.
El fiscal alegó que la información proporcionada por la Policía no era completa y recriminó a sus autoridades porque la Dirección de Asuntos Internos de la institución no tuvo en resguardo a los presuntos autores del asesinato de los universitarios.
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