Madrid, 15 sep.- De los 596 procedimientos judiciales sobre Medio Ambiente tratados por la Fiscalía General del Estado en 2010, solo 31 se resolvieron con sentencias condenatorias, según la memoria anual de ese organismo judicial.
El documento, hecho público hoy, revela, en el capítulo dedicado al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, que 32 de los casos vistos como delitos se resolvieron con absoluciones.
Sobre la organización de las fiscalías en las diferentes fiscalías provinciales del Estado español y los medio personales, recursos y materiales de que disponen, el informe concluye que "rara vez se observan mejoras" y que en algunos casos se identifica como una "problemática histórica" las carencias de personal.
En la Comunidad de Madrid, la Fiscalía reseña el aumento de personal auxiliar, pero denuncia la "imposibilidad de obtener determinados materiales" y documentación por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
El informe destaca las "buenas relaciones" con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en general salvo en el caso de la Fiscalía de Cádiz, como caso a destacar, que expresa sus quejas porque el numero de efectivos de policía dedicados a temas ambientales en el Campo de Gibraltar es "escasísimo", lo que incide en la eficiencia de su trabajo, dicen.
En cuanto a casos de prevaricación urbanística y otros tipos de delitos relacionados con la ordenación del territorio constan 24 diligencia de investigación que incluyen delito.
El origen de los procesos se identifica en denuncias de los nuevos equipos de gobierno municipal, tras las elecciones, por noticias publicadas en medios de comunicación denunciando ilicitudes graves o por denuncias particulares vecinales o de asociación.
Se destaca el caso de una querella del fiscal de Sevilla contra el actual alcalde por la ejecución de una promoción entera de viviendas en suelo no urbanizable.
Por otra parte, se apunta un "descenso significativo" del número de casos detectados de envenenamiento de animales por cebos.
La Fiscalía ha detectado, además, que el tráfico ilegal de especies ha encontrado en puertos y aeropuertos de menor tráfico un nuevo acceso al país.
Tras la pista de una maleta que llegó a León procedente de Paraguay con 72 aves de distintas especies, las autoridades fiscales dieron con una red que llegó a introducir al país 1.700 ejemplares de forma irregular.
La Memoria trata también el vertido de hidrocarburos y cita que en las ciudades de Algeciras, San Roque y La Línea fueron frecuentes las denuncias por contaminación de diversos barcos que se detienen o pasan en diversos puertos de la Bahía.
Las denuncias, reconoce el escrito, suelen ser archivadas por la dificultad de determinar el autor de los vertidos y "la absoluta irresponsabilidad que en esta materia demuestran las autoridades de Gibraltar, que a menudo permiten el paso por lo que ellos consideran sus aguas territoriales de buques con deficiencia de seguridad".
Apuntan también la práctica regular de "bunkering", por la que se transfiere combustible de un barco a otro provocando con mucha frecuencia vertidos de hidrocarburo al mar.
Entre los caso concretos se apuntan el vertido contaminante del mercante holandés "Rhodanus" en La Coruña y las diligencias informativas abiertas a las plantas termosolares Helios I y Helios II, en la provincia de Ciudad Real, por incumplir los requisitos de la declaración de impacto ambiental.
La Fiscalía de Medio Ambiente tramitó el pasado año 299 asuntos, 93 más que en 2009, de los cuales 106 recibieron la forma procesal de diligencias informativas y 191 expedientes gubernativos.
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