"Una unidad amplia junto a Henrique Capriles [Primero Justicia] permitirá a Voluntad Popular y, sobre todo, a Venezuela maximizar la opcion de triunfo en las próximas elecciones presidenciales", justifica el partido de Leopoldo López su decisión en un comunicado al que ha tenido acceso lainformacion.com.
"No ha sido una decisión fácil, pero vemos que en esta unidad y en el cambio, podremos realmente lograr en octubre una transformacion del país", espera Voluntad Popular. "Con este acto de grandeza política, [Leopoldo López] se alza como el gran lider de la renovacion politica de Venezuela", defiende su partido.
Sin embargo, no será él quien lidere la candidatura conjunta, sino el jefe del partido Primero Justicia, Henrique Capriles. El Gobierno de Hugo Chávez "no contaba con esta alianza que va a ganar el 7 de octubre", confía Voluntad Popular.
Sin embargo, antes la coalición temporal de ambos partidos tendrá que ganar en las primarias que la oposición celebra el próximo 12 de febrero. Se juegan el liderazgo frente al exembajador ante la ONU Diego Arria, la diputada María Corina Machado, el exsindicalista Pablo Medina y el exgobernador Pablo Pérez.
La decisión anunciada hoy, se tomó anoche tras concluir la reunión extraordinaria del Encuentro Nacional de Activistas (ENA) de Voluntad Popular.
Las encuestas muestran al gobernador del estado Miranda y de centro-izquierda Capriles como el candidato con más posibilidades de ganar frente a Chávez, informa Reuters.
Inhabilitado por el Estado
López reconoció que la inhabilitación que pesa contra él en Venezuela, y cuyo levantamiento fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en septiembre, infructuosamente, pesó en su decisión, informa Efe.
López fue inhabilitado en 2008 para ejercer cargos públicos hasta 2014 por la Contraloría nacional por supuestas irregularidades en relación a la asignación de unos fondos de la petrolera estatal PDVSA durante su gestión como alcalde de Chacao.
La CorteIDH ordenó en septiembre a Venezuela "dejar sin efecto" esa inhabilitación al entender que contravenía la exigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos de que ese tipo de decisiones se tomen tras sentencia judicial firme.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Venezuela declaró "inejecutable" ese fallo alegando que no podía proceder contra los actos de la Contraloría venezolana, que según la Constitución es el órgano encargado de ese tipo de inhabilitación.
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