Madrid, 4 oct.- El Juzgado de Primera Instancia número 92 de Madrid ha suspendido el proceso civil iniciado por tres socios de Urbanor contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer hasta que el Tribunal Supremo confirme si los primos deben indemnizar a otro de los perjudicados por la venta de los terrenos de la sociedad al grupo KIO.
La juez María del Mar Ilundain ha considerado "evidente" que la reclamación de 40 millones que exigen el arquitecto Pedro Sentieri y otros dos socios minoritarios de Urbanor se basa en los mismos hechos que adujo el constructor Julio San Martín contra los "Albertos", que han sido condenados en dos ocasiones a abonarle 10,8 millones por los daños causados con la operación.
La última de esas sentencias, la dictada en noviembre de 2010 por la Audiencia Provincial de Madrid, está pendiente de ser revisada por el Tribunal Supremo, por lo que la juez pidió hoy a los representantes de Sentieri y de los dos primos que solicitaran la suspensión del proceso para esperar a los criterios del Alto Tribunal y evitar así que se pudieran dictar "sentencias contradictorias" en ambos procesos.
Los abogados de Cortina y Alcocer, que se habían negado inicialmente a la suspensión, accedieron a la solicitud de la juez porque mostraron su confianza en que el Supremo eximirá a los dos primos de abonar indemnización alguna por la venta de los terrenos donde se edificaron las Torres KIO de Madrid, que se firmó en 1988.
El abogado de Sentieri, de Luis García Alarcón y Francisco Castelló, insistió en rechazar la suspensión del proceso civil porque "significa esperar entre 2 y 4 años más" para obtener una satisfacción, después de que sus clientes hayan perseguido en la vía penal durante casi 15 años a los "Albertos", que finalmente fueron absueltos en febrero de 2008 por el Tribunal Constitucional al considerar prescrito el delito de estafa que cometieron.
"Es verdad que la demora de este procedimiento va a perjudicar seguramente al señor Sentieri pero todavía más a Cortina y Alcocer porque soportan la carga social permanente del enjuiciamiento anterior", sostuvo el letrado de Cortina, José Antonio López Rubal, que admitió en cualquier caso que "resolver el asunto con 30 años de retraso no puede beneficiar a nadie".
Tanto San Martín como Sentieri y el resto de minoritarios han venido sosteniendo que el precontrato que se firmó en 1987 para la venta de los terrenos de Urbanor a KIO contenía un único precio de 27,43 millones de pesetas por el 95 % de la sociedad, resultado de valorar a 231.000 pesetas el metro cuadrado de los solares.
En la demanda presentada por Sentieri, Alarcón y Castelló, afirman que "es evidente que hubo otros accionistas que percibieron esa diferencia entre lo que pagó Koolmes (KIO) y lo que no llegó a los socios estafados", que vendieron a un precio mucho menor el metro cuadrado (unas 150.000 pesetas).
Sin embargo, los dos primos defienden que jamás se estableció un precio por metro cuadrado sino un valor "global" por toda la sociedad, de modo que el importe que cobró cada socio dependió de las "condiciones particulares" acordadas con el representante de KIO, Richard Robinson.
Durante la audiencia previa celebrada hoy, los abogados de Cortina y Alcocer defendieron que aunque el Supremo concluya que en el caso de San Martín "hubo engaño" por parte de los primos, "aquí no puede aceptarse" porque Sentieri pactó el pago de 713 millones de pesetas adicionales con KIO por ser designado redactor del proyecto y de la dirección de obras a ejecutar, sin que se hubieran realizado finalmente esos trabajos.
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