Tarjetas. La agencia tributaria investigará a los 86 altos cargos de caja madrid que utilizaron las tarjetas opacas

La Agencia Tributaria va a investigar a los 86 directivos de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas ‘opacas’ durante 13 años y con las que gastaron más de 15 millones de euros, según indicaron a Servimedia fuentes conocedoras del proceso.
Esta investigación se suma a la anunciada la semana pasada por la que Hacienda va a analizar a las empresas del Ibex-35 para ver si se utilizan sistemas de uso de tarjetas sin declarar, como el destapado en el caso de entidad madrileña.
Entre los beneficiarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid se encuentran sus expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que fue titular de la cartera de Hacienda en el primer Gobierno de José María Aznar.
Ligados a la gestión tributaria están implicados también el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, o José María Buenaventura, que hasta el jueves pasado fue director de Gabinete del actual secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre.
La semana pasada, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtieron que Caja Madrid podría haber incurrido en "delito fiscal", si se demuestra que el supuesto uso de tarjetas de crédito 'black' o 'fantasma' por parte de consejeros y directivos de la entidad formaba parte de remuneraciones no declaradas a Hacienda.
La organización señaló que en caso de que se demostrase que se trataba de remuneraciones no declaradas, la entidad "tendría que haber ingresado las retenciones correspondientes en la Agencia Tributaria, que eran del 35% entre los años 2009 y 2011 y del 42% en 2012, por lo que las cuantías superarían el umbral de los 120.000 euros a partir del cual ya existe delito fiscal".
No obstante, Gestha dice que no habría delito en el caso concreto de cada directivo, ya que las cuantías supuestamente cargadas con cada una de estas tarjetas entre los años 2010 y 2012 –únicos ejercicios para los que todavía no ha prescrito el fraude fiscal– no llegarían al umbral de delito, por lo que sólo se enfrentarían a una posible infracción tributaria, al no haberlos declarado como rendimientos del trabajo.