Titular de Madres de Plaza de Mayo es "sospechosa" en escándalo, según juez

Buenos Aires, 10 sep.- La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, figura como "sospechosa" en la causa que investiga si hubo lavado de dinero y fraude con fondos públicos en los planes de construcción de viviendas que lleva adelante el grupo humanitario, dijo hoy el juez a cargo del caso.

"Hebe de Bonafini no está como querellante (en la causa). Yo no la admití. La señora está sospechada dentro de toda la cuestión", en la que también está involucrado el exapoderado de la entidad Sergio Schoklender, señaló el juez federal Norberto Oyarbide a Radio 10.

El magistrado aseguró además que la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos que recibió la Fundación Madres de Plaza de Mayo para planes de viviendas en todo el país "va camino a convertirse en una megacausa" que es "difícil de desentrañar, pero no imposible".

"Tengo que convocar a todas las autoridades más importantes del país, como peritos del Banco Central, de la Policía Federal y de la Auditoría General de la Nación" para "desentrañar" lo ocurrido, precisó Oyarbide.

Las investigaciones traspasaron fronteras cuando Schoklender, que hasta mayo último era apoderado de Madres de Plaza de Mayo y mano derecha de Bonafini, denunció esta semana que la organización manejaba una cuenta con dos millones de euros en la española Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur).

Además acusó a la titular de la organización de financiar gastos de la campaña electoral de la presidenta argentina, Cristina Fernández, lo cual fue negado por Hebe de Bonafini.

En una entrevista con la revista Noticias difundida este sábado, Schoklender calificó incluso a Oyarbide de "muñequito" del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien, según el exapoderado, "le mandaba decir al juez que enfriara la causa hasta después de las elecciones de octubre" próximo, en las que la mandataria busca la reelección.

También acusó al secretario de Obras Públicas, José López, de cobrar sobornos y dijo que la hija de Hebe de Bonafini, Alejandra, compró una casa de 500.000 dólares con dinero de la fundación.

En tanto, los principales bloques de la oposición convocarán en los próximos días a Sergio Schoklender a la Cámara de Diputados para que brinde detalles sobre sus denuncias acerca de las irregularidades en los planes de viviendas.

"Más que investigar las mentiras de Schoklender, el Congreso debería avanzar en las leyes que a la gente le importan", replicó el jefe del bloque oficialista en la Cámara baja, Agustín Rossi.

Por su parte, la Unión Cívica Radical, segunda fuerza parlamentaria, realizará el próximo lunes una presentación ante la justicia para que se investiguen las denuncias de Schoklender, anticiparon fuentes del partido.

Las denuncias de Sergio Schoklender fueron volcadas en un documento que presentó este martes en los Tribunales.

"Hay muchas contradicciones en todo lo que él dice, que nos quedamos nosotros con 2 millones de euros y resulta que los autos y los aviones los tenía él", subrayó este viernes De Bonafini.

De Bonafini, que volvió a acusar a Schoklender de "traidor", reconoció que pudo haberse contratado a la imprenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para hacer carteles proselitistas del peronista Frente para la Victoria que lidera Cristina Fernández.

Sin embargo, negó que se hayan aportado fondos a la campaña electoral de la mandataria u otros dirigentes oficialistas.

Bonafini subrayó además que la cuenta bancaria española que denunció Schoklender "fue cerrada hace cinco años" y aseguró que tiene "confianza" en que la justicia esclarecerá el asunto.

Schoklender, a quien se investiga por fraude con fondos públicos y sospechas de lavado de dinero, se recibió de abogado a fines de los años 80, mientras cumplía una condena de 30 años de prisión por el asesinato de sus padres.

Desde junio pasado permanece paralizado el plan "Sueños Compartidos" por el que las Madres de Plaza de Mayo han construido miles de viviendas para personas de bajos recursos, lo que ha desatado protestas de trabajadores que reclaman salarios atrasados e indemnizaciones por la pérdida de su empleo.