Todos los receptores de fondos públicos de Andalucía deberán "rendir cuentas"

Sevilla, 4 jun.- El anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, cuya tramitación se ha iniciado hoy, obligará a todos los receptores de fondos públicos, incluidas las empresas que tienen conciertos con la administración, a "rendir cuentas" y prevé sanciones a las entidades que no faciliten información.

La nueva normativa, que garantiza el acceso de los ciudadanos a la información en un plazo máximo de veinte días, afecta a la totalidad de las instituciones -incluidos el Parlamento de Andalucía y los ayuntamientos-, lo que supone un "gran salto" respecto a otras leyes, incluida la estatal, según ha destacado en conferencia de prensa la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, quien ha enfatizado que Andalucía ha decidido "marcar su propio camino".

La norma "de mayor trascendencia de esta legislatura", según la consejera, se remitirá al Parlamento antes de que acabe el año y entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial.

El objetivo principal de esta ley es facilitar "al máximo" el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con esas aportaciones.

Los ayuntamientos estarán obligados a retransmitir los plenos municipales y a permitir que sean grabados por los asistentes con sus propios medios, así como a publicar las actas de sus plenos, una tarea en la que recibirán el apoyo de las diputaciones cuando se trate de ayuntamientos pequeños.

Las administraciones andaluzas tendrán que dar respuesta a la información requerida por los ciudadanos en un plazo no superior a 20 días hábiles -frente al mes que fijará la nueva legislación de ámbito estatal- y en caso de que no se facilitara en ese plazo, las administraciones afectadas deberán justificar los motivos.

Los ciudadanos podrán conocer desde la producción normativa hasta la planificación, contratación, gestión de subvenciones, datos económicos y presupuestarios, relaciones de puestos de trabajo y retribuciones e indemnizaciones de los altos cargos.

Otra novedad es que se harán públicas las agendas institucionales del gobierno autonómico y de los gobiernos locales, al tiempo que será obligatoria la publicación de datos relativos a la deuda pública y al gasto en campañas de publicidad institucional.

La norma obligará además a que estos contenidos sean entendibles por todos los ciudadanos; tengan acceso fácil y gratuito; se actualicen trimestralmente y cumplan con la legislación autonómica en materia de utilización de un lenguaje no sexista.