Trabajo enmienda a su ministro: el fraude entre parados es mínimo

El Ministerio de Trabajo ha tenido que salir a enmendar a su propio ministro sobre la incidencia del fraude entre los parados que cobran una prestación. Al menos, en lo que se ha podido detectar. Un día después de que Valeriano Gómez cifrase en un 25% el número de desempleados investigados a los que se les quitaba la ayuda por una conducta ilegal, el Departamento ha rebajado esas cifras hasta casi considerarlas anecdóticas.

De una forma concreta, en una nota de prensa remitida a media tarde, el Ministerio es bastante claro: "El porcentaje de infracciones de todo orden no alcanzaría al 3% con respecto del total de perceptores de prestaciones que causan baja al año (y de ellas sólo se derivaría la existencia de fraude en las prestaciones en el 0,12%)".

Y ahora lo explicamos, porque esta frase es sólo el final de las aclaraciones. Trabajo comienza distinguiendo entre sanciones leves, graves y muy graves, siendo las últimas las que acarrean conductas fraudulentas.

Pues bien, de las 268.209 sanciones que se impusieron durante 2010, el 90% fueron por la no renovación de la demanda del parado, que es una sanción leve y supone la pérdida del cobro de la prestación de un mes (en una primera comisión).

En cualquier caso, el total de infracciones leves suma nada menos que el 95% del total de sanciones. Es decir, que no hay hueco para que una cuarta parte sea ocasionada por acciones fraudulentas, como dijo el ministro.

Es más. El total de parados que incurrieron en falta muy grave o grave ante la Inspección fue de Trabajo fue de 12.611 (5.168 y 7.443, respectivamente). Si tenemos en cuenta que el global de perceptores es de 10.250.000, el porcentaje final de casos de fraude se queda en un intrascendente 0,12%.

¿Y qué se considera como fraude? Según el propio Ministerio, las acciones que conducen a la suspensión de la prestación serían actuar de forma incorrecta con el fin de obtener prestaciones indebidas, compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios con trabajo por cuenta ajena o propia, connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualqueir prestación de la Seguridad Social y otras de este tipo.

Todas ellas desembocan en la pérdida total de la ayuda, a la que también se puede llegar después de tres sanciones leves. Y éstas, amén de la no renovación, consisten en no comparecer a requerimiento del Servicio Público de Empleo Estatal o autonómico; la no devolución del justificante de comparecencia a la oferta de empleo y al incumplimiento del compromiso de actividad.

Entre unas y otras, las faltas graves se imponen por no realizar trabajos de colaboración social; rechazar una oferta de empleo adecuada y no acudir a acciones de promoción, formación, reconversión profesional y programas de empleo.

Las declaraciones de Valeriano Gómez se produjeron un día después de que el presidente de la CEOE, Juan Rossell, criticara a aquellos parados que se apuntaban a las listas de desempleo sin ninguna intención de buscar trabajo de forma activa, sólo para cobrar la prestación.