Sao Paulo, 8 abr.- Los más de 20 años de espera y constante clamor de justicia por parte de las familias de las 111 víctimas y los sobrevivientes de la matanza en el presidio brasileño de Carandirú, ocurrida en 1992, tuvo hoy otra dosis de frustración con el aplazamiento del juicio por una semana.
El juicio de 26 de los 79 policías acusados de la mayor matanza en las cárceles del país comenzó hoy, dos horas después del horario previsto, con la elección como jurado de cinco mujeres y dos hombres de una lista de 25 candidatos.
Tras el sorteo, el juez José Augusto Nardy Marzagao leyó las acusaciones contra los 24 policías que se presentaron al juicio, pues dos de ellos se ausentaron sin que se informara el motivo y fueron representados por sus abogados.
Durante la lectura, una de las mujeres del jurado popular se sintió mal y debió ser atendida por el servicio médico del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, tras lo cual el juez pospuso durante una semana el inicio del juicio.
Según la legislación del país, como no alcanzó a iniciarse la primera sesión de audiencias, el juez deberá sortear nuevos jurados, pues los que habían sido escogidos hoy tuvieron un primer contacto con las casi 50.000 hojas del proceso.
La llamada "masacre de Carandirú", resultado de una ofensiva policial para contener una trifulca interna en esa cárcel de Sao Paulo, fue durante estos 20 años un episodio de inspiración para escritores, como el exmédico del presidio Drauzio Varela, y el cineasta argentino Héctor Babenco, quienes relataron los hechos.
No obstante, el pasar de los años y la lentitud del sistema judiciario brasileño fueron apagando los gritos de clamor de justicia y una prueba de ello fue la ausencia de público para el inicio del juicio.
Un movimiento estudiantil, a bastantes kilómetros del lugar de la matanza y del juzgado, puso 111 cruces en homenaje a las víctimas en el Plaza de Sao Francisco, frente al céntrico edificio de la Facultad de Derecho de Sao Paulo, la más antigua del país.
La Justicia procesará a 79 policías en cuatro fases, dado su alto número.
Los 26 policías de la primera etapa responden por el cago de homicidio doloso cualificado, con intención de matar sin posibilidades de defensa para la víctima, por la muerte de 15 presos en el patio número 9 del extinto centro penitenciario.
En total eran 84 los acusados, pero en las dos décadas que acumula el proceso, cinco de ellos murieron, dos de los cuales habían actuado precisamente en el patio "9".
En el lugar de los hechos murieron 102 presos, otros 9 fallecieron en hospitales y 87 más resultaron heridos.
La defensa alega que sin las pruebas técnicas de balística es imposible determinar qué agentes dispararon y mataron, pues en el operativo participaron 284 efectivos de la Policía Militarizada.
El coronel de la Policía Militar que dirigió la operación, Ubiratán Guimaraes, fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel, pero nunca entró en prisión y se dedicó a la vida política como diputado regional hasta 2006, cuando fue absuelto en una apelación.
Meses después fue asesinado en extrañas circunstancias dentro de su apartamento y su novia, la principal sospechosa, fue declarada inocente del crimen por falta de pruebas.
Además, el entonces director del penal, José Ismael Pedrosa, fue asesinado a tiros en 2005 después de votar en un referendo sobre la prohibición del comercio de armas de fuego en el país.
Las autoridades atribuyeron el crimen a la organización criminal de presos Primer Comando de la Capital (PCC).
La abogada defensora de los 26 acusados, Ieda Ribeiro de Souza, alegó que si Guimaraes fue absuelto, la Justicia debería "por extensión" hacer lo mismo con el resto de los acusados.
El Ministerio Público, en tanto, fundamenta su acusación en el hecho de que los presos estaban, según las investigaciones, sin armas de fuego, como alegó la Policía para justificar los disparos.
En el caótico operativo hubo trece policías heridos por armas blancas, pero no murió ninguno.
La cárcel de Carandirú fue parcialmente demolida en 2002 para la construcción de un parque y una biblioteca.
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