Tras seis meses de conflicto, estudiantes chilenos siguen sin lograr avances

Fuencis Rausell

Santiago de Chile, 8 nov.- A punto de cumplirse en Chile seis meses de movilizaciones por una educación pública gratuita, el diálogo entre los estudiantes y el Gobierno está roto y el debate se centra en la discusión del presupuesto para 2012, mientras el apoyo social a las protestas comienza a flaquear.

El conflicto vivirá este miércoles un nuevo episodio clave, cuando la Comisión Mixta de Educación se reúna en el Congreso, en Valparaíso, para analizar la partida de la cartera, mientras en sus alrededores está prevista una nueva manifestación estudiantil.

El Gobierno del conservador Sebastián Piñera ha llamado a la oposición de centroizquierda a alcanzar un consenso sobre el presupuesto, que contempla un aumento del 7,2 % en la partida para educación, pero la Concertación descarta un acuerdo sin dialogar antes con los estudiantes.

"Hay más recursos, hay más programas. El problema es que es un modelo basado en la suposición de que la competencia iba a generar calidad, pero no generó calidad sino desigualdad", dijo hoy a Radio Cooperativa el diputado socialista Carlos Montes.

También los estudiantes rechazan un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, ante el temor de que éste haga oídos sordos a sus demandas, y su apuesta por reformar el sistema impuesto durante la dictadura (1973-1990) quede en nada.

"Hemos hecho un llamado público a los parlamentarios a no caer en la política de los consensos entre cuatro paredes" y "a espaldas de la ciudadanía", dijo la líder estudiantil Camila Vallejo en una columna publicada en el sitio web de esa emisora.

Los estudiantes tienen la mira en el Parlamento después de que a principios de octubre abandonaran el diálogo con el Gobierno ante su negativa a universalizar la educación gratuita.

El Ejecutivo asegura que el país no está preparado para asumir ese costo y ofrece gratuidad mediante becas al 40 % más pobre de la población, y rebajas con becas y créditos al 20 % siguiente.

"Los estudiantes han radicalizado su posición, pero yo responsabilizo al Gobierno, porque se cerró a cualquier cambio del modelo, y eso fue anulando a los dirigentes más moderados y le dio energía a los más ultras", dijo a Efe Mario Waissbluth, coordinador de la fundación Educación 2020.

Para este académico de la Universidad de Chile, el escenario más probable es que el conflicto se prolongue, con altibajos, durante el resto del periodo presidencial, que culmina en marzo de 2014, por lo que su diagnóstico sobre la actual coyuntura es "relativamente pesimista".

En seis meses, los jóvenes han convocado unas 40 manifestaciones, han sorprendido con originales protestas y han mantenido ocupados liceos y universidades, mientras muchos dan el curso por perdido.

Su fuerza mermó la popularidad del presidente, que en octubre obtuvo una aprobación del 31 % y un rechazo del 63 %, según una encuesta difundida este lunes, que revela también una caída de 12 puntos, hasta el 67 %, del apoyo a las demandas estudiantiles.

Sin embargo, un 57 % repudia las maneras en que éstas se expresan, según el sondeo, de la consultora Adimark.

Este rechazo está influido por los disturbios al final de las marchas, pero también por las recientes ocupaciones del Congreso y de la Municipalidad de Santiago, que según Waissbluth contribuyeron a desacreditar el movimiento.

Camilo Ballesteros, otra cara visible de los estudiantes, admitió en Televisión Nacional que se deben redefinir las movilizaciones, que buscan acabar con un sistema que lleva tres décadas implantado.

Fue en 1981 cuando Augusto Pinochet traspasó la administración de la educación primaria y secundaria del Estado central a los municipios,

Al mismo tiempo, redujo los aportes estatales a las universidades públicas y abrió las privadas que, según el movimiento estudiantil, buscan más que nada lucrar, incluso a contrapelo de una ley que lo prohíbe.

No obstante, los cambios permitieron también alcanzar una amplia cobertura en educación superior, con 1,2 millones de estudiantes en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, en un país de 17,2 millones de habitantes.

Pero esa cobertura no fue acompañada de un incremento en la calidad de la enseñanza y se logró a costa del endeudamiento de los jóvenes, que tienen que luchar por becas y contraer créditos para financiar sus estudios, estudien o no en universidades públicas.

Tras la dictadura se sucedieron cuatro gobiernos de la Concertación de centroizquierda (1990-2010) que introdujeron algunos cambios, pero mantuvieron intacto el esqueleto del sistema.

Solo Michelle Bachelet se enfrentó en 2006 a un alzamiento de los secundarios, la "revolución pingüina", cuyas demandas no llegaron a buen puerto.

Arribó después el conservador Sebastián Piñera y, tras su primer año en el poder y sin que anunciara cambio alguno en el sistema educativo, eclosionó el movimiento de secundarios y universitarios que hizo patente un malestar social incubado durante años.