Tras un mes de matanza que causó caída de Lugo la investigación apenas avanza

  • Un mes después de la tragedia en Curuguaty, que desencadenó la salida del poder de Fernando Lugo, apenas han trascendido avances en la investigación de un episodio que tiñó de sangre la lucha por la tierra en Paraguay.

Julia R. Arévalo

Asunción, 15 jul.- Un mes después de la tragedia en Curuguaty, que desencadenó la salida del poder de Fernando Lugo, apenas han trascendido avances en la investigación de un episodio que tiñó de sangre la lucha por la tierra en Paraguay.

"Todo se encamina al 'opá reí' (a la nada, en guaraní), a la falta de interés en investigar profundamente lo que ocurrió ahí y los que estuvieron detrás de esa masacre", dijo a Efe el dirigente de la Liga Nacional de Carperos (campesinos sin tierra) José Rodríguez.

"No veo que el Gobierno tenga demasiado interés en desvelar" lo ocurrido, observó por su parte el analista Alfredo Boccia.

Seis policías y once campesinos murieron el 15 de junio en un choque armado durante un desalojo de "sin tierras" que ocupaban una estancia del político "colorado" y empresario Blas N. Riquelme, cuya propiedad le disputa el Estado.

Una semana después, Lugo perdió la Presidencia por "mal desempeño" en sus funciones, en un "juicio político" parlamentario en el que las muertes de Curuguaty y las ocupaciones de tierras por parte de los campesinos fueron parte esencial del "pliego acusatorio".

El exobispo que se convirtió en presidente en 2008 abanderando la lucha de los "sin tierras" y otros desposeídos de Paraguay fue sustituido en el poder por el liberal Federico Franco.

"Seguimos sin saber prácticamente nada de Curuguaty", señaló a Efe Boccia, y recordó que Franco desestimó "enseguida" lo que fue "el último intento de Lugo de darle credibilidad a la investigación", encomendándosela a una comisión de notables con apoyo de la OEA.

El exmandatario denunció esta semana que Curuguaty fue una "conspiración para desestabilizar" a su Ejecutivo y Rodríguez insistió hoy en que hubo intervención de "infiltrados", de "francotiradores" que actuaron para desencadenar un tiroteo y "utilizar ese episodio para atacar políticamente a Lugo".

"Los campesinos vieron caer a su líder y los policías vieron caer a su líder y se desató esta situación", mantuvo el "carpero", que reclamó la liberación de la docena de "sin tierras" detenidos e indemnizaciones también para los familiares de las víctimas campesinas, pues a su juicio cayeron en la misma "emboscada" que los agentes policiales.

El fiscal que lleva el caso, Jalil Amir Rachid, descartó esta semana la actuación de francotiradores y dijo que las armas implicadas en el tiroteo fueron escopetas de caza.

Rachid ha pedido al juez, sin éxito, la excarcelación de dos de los detenidos por falta de pruebas.

Para Boccia, "17 muertos no pueden ser fruto de una mera casualidad", pero no existe "el más mínimo dato de que se trata de un complot de la derecha o de una elevación del nivel de enfrentamiento armado de la izquierda".

No obstante, destacó: "si partimos de una hipótesis que lo de Curuguaty fue planificado, estamos ante una hipótesis monstruosa que merece ser investigada muy seriamente porque terminó con el derrocamiento de un Gobierno".

El caso de la hacienda de Curuguaty es prototípico del conflicto por la tierra en Paraguay, donde un tercio de la superficie arable fue adjudicada irregularmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) y los 15 años posteriores, según un informe de 2008 de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).

Pero hasta ahora, se mantienen disputas irresolubles sobre quiénes son los auténticos propietarios de hectáreas como las casi 1.800 de Curuguaty que invadieron los "carperos" reclamando que son del Estado y su derecho a recibirlas, según lo previsto en la reforma agraria.

"Campos Morombí", una de las empresas de Riquelme, posee 50.000 hectáreas en Curuguaty y en 2005 sumó las 1.800 anexas mediante un proceso de usucapión, por el que se adquiere la propiedad de lo que se cuida "como propio".

Las tierras habían sido donadas en 1967 al Estado y Riquelme "pretende apropiarse en forma ilegal" de ellas con un proceso en el que "se han observado múltiples irregularidades y falsedades", según la CJV.

Franco ha prometido rematar la reforma agraria y para ello instruyó a la elaboración de un catastro rural antes de completar su mandato en agosto de 2013.

Para las víctimas de Curuguaty, de momento lo que han llegado son mantas y alimentos y la simpatía de la "primera dama", Emilia Alfaro, así como una confusa promesa de entrega de tierras que Franco prometió concretar mañana, tras completar las negociaciones con los campesinos y la familia Riquelme.

Si bien en un primer momento se interpretó que Franco había conseguido que Riquelme "donara" las tierras, la familia lo ha desmentido y el presidente observó que "sería injusta" una donación pues el empresario ha hecho un "arduo trabajo" en la zona.

Para Boccia, Franco sólo está poniendo "paños fríos" a la herida abierta en Curuguaty, pues él "representa exactamente todo lo contrario a lo que reivindica el movimiento campesino: es liberal, sacraliza la propiedad privada (y) está cercano a los grupos latifundistas".

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