Instituciones Penitenciarias ha dispuesto trasladar desde la cárcel de Asturias a la de San Sebastián a la etarra Miren Itxaso Zaldúa Iriberri, en prisión preventiva desde el 22 de julio de 2020 y procesada en la causa por el asesinato del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad en 2001 en Zaragoza. Se trata de un nuevo traslado de esta reclusa que el pasado 16 de abril fue llevada desde el centro penitenciario de Topas (Salamanca) hasta el de Asturias.
También está procesada en el procedimiento por el atentado cometido por la banda terrorista ETA en 2002 en Leiza (Navarra) en el que murió un guardia civil y otros tres resultaron heridos. Asimismo la Secretaría Instituciones Penitenciarias ha acordado el traslado de cuatro internos de ETA condenados por delitos relacionados con ETA. En concreto Jesús María Altable Echarte, del centro Penitenciario de Soria a la prisión de Pamplona.
Jesús María Altable ingresó en prisión el 20 de noviembre de 1999 y fue condenado a 49 años de prisión por el asesinato de un capitán de la Guardia Civil en 1984 en Pamplona. En diciembre de 2020 ya fue llevado de la cárcel de Castellón a la de Soria. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en mayo de 2017, acepta la legalidad penitenciaria y ha remitido un escrito en el que manifiesta su rechazo a la violencia y en el que asume su responsabilidad en el sufrimiento causado a las víctimas. También se ha acordado el traslado de Egoitz Coto Etxeandía del centro penitenciario de El Dueso (Cantabria) al de Bilbao.
Egoitz Coto ingresó en prisión el 26 de noviembre de 2002 y fue condenado a 22 años de prisión por un ataque con cócteles molotov a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete (Vizcaya) en 2001, en el que resultaron heridos dos agentes. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en noviembre de 2017, ha comenzado a satisfacer la responsabilidad civil, acepta la legalidad penitenciaria y ha remitido escrito en el que manifiesta su rechazo a la violencia y su respeto por las víctimas de sus delitos.
Igualmente se ha aprobado trasladar a Aitor Olaizola Baseta del centro penitenciario de Logroño al de Álava. Aitor Olaizaola ingresó en prisión el 30 de marzo de 2001 y fue condenado a 75 años de cárcel por el atentado con coche bomba en 2001 en las inmediaciones de un hotel de Roses (Girona) en el que murió un mosso d'Esquadra y resultaron heridos un policía local y una ciudadana francesa.
Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2023, está abonando la responsabilidad civil, acepta la legalidad penitenciaria, ha remitido un escrito en el que se muestra dispuesto a reparar el daño causado y a atenuar el sufrimiento de las víctimas de sus delitos y rechaza el uso de la violencia. Por último se ha dispuesto el traslado de Iurgi Garitagoitia Salegui del Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid) al de Logroño.
Ingresó en prisión el 16 de noviembre de 2020 entregado por Francia y fue condenado a 389 años de cárcel por 25 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa al participar en la colocación de tres artefactos explosivos junto a un repetidor de telefonía de Hernani (Guipúzcoa). El primero explosionó sobre la una de la madrugada del 16 de enero de 2009 pero los otros dos fueron desactivados por los ertzainas que acudieron al lugar.
También fue condenado a 44 años de cárcel por el asesinato del empresario Ignacio Uría en 2008 en Azpeitia (Guipúzcoa) en una campaña de ETA contra la construcción del tren de alta velocidad AVE. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en enero de 2034, acepta la legalidad penitenciaria, rechaza el uso de la violencia y ha manifestado su deseo de atenuar el dolor causado a las víctimas de sus delitos.
En un comunicado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) lamenta que "una vez que el Gobierno ha aniquilado la política de dispersión, acercando incluso a etarras que nunca han mostrado ni un ápice de arrepentimiento e incluso algunos de ellos han declarado que volverían a coger las pistolas para matar". "Las víctimas nos sentimos humilladas ante estas decisiones que sólo van orientadas a contentar a Bildu como socio de Gobierno", añade.
Y recalca: Bildu es "una formación política para la que la AVT ha solicitado su ilegalización con más de 200 indicios, que consideramos ilegal y que sigue justificando algunos crímenes de estos terroristas que no dudan en ovacionar cuando salen de prisión".
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