Tres ministros y fiscal general se reunirán con asociaciones de niños robados

Madrid, 2 abr.- Los ministros del Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se reunirán el próximo 12 de abril con las asociaciones de afectados por la causa de los "niños robados".

Así lo han confirmado a Efe fuentes de Justicia, que han señalado que este encuentro de "alto nivel" responde al compromiso del Ejecutivo con los afectados por esta causa, a los que quiere mostrar su disposición a escucharles y ayudarles.

La reunión, que tendrá lugar en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, es la segunda que mantiene el Gobierno con las asociaciones, ya que el pasado 10 de febrero el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ya mantuvo una primera toma de contacto con ellas.

Gallardón aseguró el pasado 6 de marzo en el Senado que ha dado "prioridad absoluta" al caso de los "niños robados", porque, dijo, "choca frontalmente" con el modelo de sociedad que defiende el Ejecutivo, al tiempo que descartó eludir cualquier responsabilidad.

El ministro destacó también que se había puesto en contacto con el Ministerio del Interior para que las fuerzas de seguridad investiguen, ya que el hecho de que los tribunales digan si los delitos están prescritos o no, no quita que se lleven a cabo las pesquisas policiales "de cara a la búsqueda de la verdad objetiva".

Apuntó que Justicia ha comenzado ya un trabajo conjunto con la Agencia Española de Protección de Datos, que emitirá "lo más breve posible" un informe técnico para conocer las posibilidades legales de acceder a los archivos para la búsqueda de los "niños robados".

Asimismo, subrayó que ese grupo de trabajo se iba a incorporar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "para abrir otra vía de colaboración dada la implicación en cuanto a la actuación en clínicas y hospitales".

A la Fiscalía General del Estado solicitó un análisis de viabilidad sobre la posibilidad de que exista una instrucción general dirigida a las fiscalías provinciales para establecer unas pautas de actuación en todos los casos.